El presidente de la comisión de investigación del Parlamento andaluz sobre las irregularidades en los ERE tramitados por la Junta de Andalucía, Ignacio García, ha destacado este martes "y no precisamente en sentido positivo" el hecho de que los tres primeros comparecientes en la misma se hayan negado a contestar a las preguntas de los grupos parlamentarios.

En una rueda de prensa ofrecida a modo de balance, García ha valorado, no obstante, que tanto Ramón Díaz (exdiputado del PSOE-A e imputado como asesor de la Consejería de Empleo) como Antonio Diz-Lois Ruiz (exjefe de servicio de la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo) y Fernando Mellet (exgerente de Mercasevilla), hayan hecho uso al menos de su turno de palabra.

"No se puede decir que no hayan declarado porque todos han hecho uso de la lectura del documento que traían preparado, donde han expresado lo que han considerado oportuno", ha matizado García. La comisión escuchará desde este martes y hasta final de mes a 23 personas, entre ellas a ex altos cargos de la Junta de Andalucía imputados.

García también ha querido recordar que, después de que Díaz solicitase esta mañana no estar presente durante la formulación de las preguntas de los grupos parlamentarios, el organismo que lidera ha acordado, de "forma razonable y acertada", según ha calificado, obligarles a escucharlas, "ya que la comparecencia es un todo" que "incluye también las preguntas y respuestas, no solo lo que el compareciente diga".

"Pensamos que el que ellos estén presentes, aún respetando su derecho a no declarar, es una garantía para ellos mismos porque conocen de primera mano lo que se les iba a preguntar", ha añadido.

En este sentido, el presidente de la comisión de investigación sobre los ERE ha destacado que esta decisión ha posibilitado que el último de los comparecientes, Fernando Mellet, haya hecho al menos uso de su palabra para ratificar su comparecencia inicial.

A preguntas de los medios de comunicación acerca de la decisión del Grupo Socialista de no hacer las preguntas en la comisión y presentarlas por escrito, García se ha limitado ha responder que "el acuerdo de la comisión es que las comparecencias se basan en la oralidad y se tienen que resolver personalmente", por lo que las preguntas de los socialistas "se incorporarán simplemente como documento anexo al acta de la correspondiente comisión" pero no a la transcripción de la misma porque, según ha argumentado, "ésta es un reflejo fiel de lo que se dice, no de lo que se entrega".

Cuestionado sobre si la comisión de investigación tiene prevista alguna "actuación judicial" contra los dos comparecientes a los que no se ha podido notificar la citación para acudir a esta comisión en el Parlamento andaluz, Ángel Rodríguez de la Borbolla y Magdalena Álvarez, García ha rechazado este extremo y ha dicho que está seguro "casi al cien por cien" de que ambos acudirán a declarar a partir del 5 de septiembre, día en que la comisión tiene prevista una reunión para establecer una "segunda tanta de comparecencias" en la que, como mínimo, estarán presentes sendos comparecientes.

Díaz Alcaraz, imputado como asesor de la Consejería de Empleo y primero de los comparecientes citados, solo ha leído una declaración en la que ha defendido las ayudas investigadas para mantener el empleo, y ha lamentado que se asocien con fraude. El exparlamentario socialista andaluz ha leído un comunicado de diez minutos en el que ha asegurado que "tiene la conciencia tranquila" y que "jamás conoció una actuación ilegal, ni siquiera irregular", durante los cuatro años en los que trabajó como asesor de la Consejería de Empleo. "Fue una política apoyada por todos los partidos, incluidos los que ahora están presentes en la comisión de investigación, y por el propio Parlamento de Andalucía, ha añadido Díaz Alcaraz.

El segundo de los citados, Antonio Diz-Lois Ruiz, ha asegurado que era un "simple jefe de servicio" en la Consejería de Empleo. Diz-Lois ha aludido a su condición de imputado que, al no haber prestado declaración ante la juez Mercedes Alaya todavía, responder a las preguntas de los grupos parlamentarios podría suponer "una lesión efectiva del derecho fundamental a la defensa en el proceso penal", ha argumentado.

El exgerente de Mercasevilla Fernando Mellet, por su parte, se ha acogido a su derecho a no declarar en la comisión, al tiempo que ha dicho sentirse víctima de una "persecución personal" contra su persona en los últimos tres años, fruto de una "batalla política entre los grandes partidos para alcanzar cotas de poder".

Entre las comparecencias, que se prolongarán hasta el 31 de agosto, están las del presidente andaluz, José Antonio Griñán, y el expresidente Manuel Chaves, el último día; y las de los exministros del PP Javier Arenas y Eduardo Zaplana, el día 30.

La comisión de investigación parlamentaria desarrollará sus trabajos mientras la juez Mercedes Alaya, encargada del caso, no ha finalizado una instrucción que acumula 60 imputados entre intrusos, abogados y mediadores, y siete ex altos cargos acusados.