La comisión de investigación del Parlamento andaluz sobre las irregularidades en los ERE comenzará este martes a escuchar a las 23 personas que van a comparecer, en una semana que estará centrada en ex altos cargos de la Junta de Andalucía imputados.

Los trabajos comenzarán con el exparlamentario andaluz por el PSOE, Ramón Díaz Alcaraz, imputado como asesor de la Consejería de Empleo; el jefe de servicio de ese departamento Antonio Diz-Lois; y Fernando Mellet, exgerente de Mercasevilla imputado en los cuatro sumarios que investigan la gestión del mercado central sevillano.

El exgerente de Mercasevilla se va a acoger a su derecho a no contestar a las preguntas que le formulen en la comisión, algo que ya ha anunciado que hará Antonio Diz-Lois y que, según fuentes del caso, es previsible que también haga Ramón Díaz.

Entre las comparecencias, que se prolongarán hasta el 31 de agosto, están las del presidente andaluz, José Antonio Griñán, y el expresidente Manuel Chaves, el último día; y las de los exministros del PP Javier Arenas y Eduardo Zaplana, el día 30.

Dos de los 25 citados no podrán acudir en las fechas previstas: el exalcalde de Cazalla de la Sierra, el socialista Ángel Rodríguez de la Borbolla, imputado en el caso, que no ha podido ser localizado, y la exconsejera de Economía, Magdalena Álvarez, por problemas de agenda.

El presidente de la comisión, Ignacio García (IU), ha recordado que todos los citados tienen la obligación de concurrir, salvo los casos justificados, para no incurrir en un delito de desobediencia, aunque los imputados pueden acogerse al derecho a no declarar.

La comisión de investigación parlamentaria desarrollará sus trabajos mientras la juez Mercedes Alaya, encargada del caso, no ha finalizado una instrucción que acumula 60 imputados entre intrusos, abogados y mediadores, y siete ex altos cargos acusados.

Las sesiones se inician con polémica, ya que el PSOE e IU han acordado, con el rechazo del PP, que cada compareciente pueda contar con una hora y media de intervención, la mitad de tiempo que tendrán los comisionados de los tres grupos para poder interrogarlos. El PP ha calificado de "burla y engaño" el reparto de los tiempos en los interrogatorios y ha acusado al PSOE e IU de intentar provocar que los populares abandonen los trabajos de la investigación.