Mariano Rajoy evitó hablar este viernes de un rescate total para España, aunque no lo descartó: "No tengo tomada ninguna decisión", dijo. Sus palabras han sido interpretadas por la prensa española como un síntoma de que el Ejecutivo ha empezado a asumir que será necesario recurrir al dinero del fondo de rescate temporal —FEEF—.

Durante esta semana, han entrado varios actores en escena a la hora de referirse a la necesidad de un rescate para España e Italia. El BCE, al que estos dos países exigen que actúe para rebajar la tensión en los mercados, ha condicionado su actuación a las medidas de ajuste que lleven a cabo próximamente ambos estados. Por su parte, Alemania se ha negado en rotundo a que el BCE ayude a países como Italia o España en la compra de deuda y quiere que España solicite formalmente un rescate de 300.000 millones de euros, cantidad con la que podría aliviar durante un par de años sus problemas para financiarse en los mercados.

El Gobierno presidido por Rajoy ya ha dado durante el mes de julio varias pistas que hacen pensar que a la vuelta del verano —para septiembre— la petición de este rescate forme parte de la agenda: la subida del IVA o la eliminación de la paga de Navidad a funcionarios han sido decisiones que parecen ir en consonancia con lo que exige Bruselas y el FMI para ayudar económicamente a España.

Para más inri, el programa presupuestario para 2013 y 2014 presentado a Bruselas supera con creces los 65.000 millones de euros que el Gobierno aprobó inicialmente en julio. Según lo aprobado este viernes en el Consejo de Ministros —y que Rajoy 'olvidó' mencionar—, el ajuste total entre 2012 y 2014 será de 102.149 millones de euros. Un recorte que podría preceder a la petición del rescate de España, ya que el BCE ha dejado claro que para que este ayude a los estados con problemas —mediante la compra de deuda soberana—, primero ellos deben "implementar la consolidación fiscal" y acudir al fondo de rescate temporal.

Una intervención del BCE implicaría, según han apuntado diversos expertos económicos a El Economista, que el Gobierno español endurezca aún más las medidas de ajuste, siguiendo un rumbo parecido al que tomaron en su día países rescatados como Portugal e Irlanda y que estaría todavía lejos de las condiciones exigidas a Grecia.

Aunque el despido de funcionarios es un tema que el Ejecutivo de Rajoy todavía no ha tocado, sí que ha tomado ya medidas de ajuste controvertidas que afectan al empleo público: primero con la supresión de la paga extra de Navidad —un recorte que le ha costado al Gobierno numerosas manifestaciones y protestas— y luego al congelar la oferta pública de empleo para 2013 y 2014, medida esta última con la que prevén ahorrar 5.300 millones de euros.

Según los expertos economistas, el Gobierno español podría recortar hasta 900.000 empleados del sector público, una medida que superaría la propuesta de reducción de funcionarios en Irlanda —25.000— o Portugal —donde el Gobierno prevé eliminar un total de 150.000—. Los funcionarios de ambos países también han visto rebajados anteriormente sus sueldos y en el país luso gran parte de ellos se han quedado sin las dos pagas extras.

Al aumento del IVA anunciado unas semanas y que comenzará a aplicarse en septiembre podrían sumarse algunas subidas impositivas más. Por ejemplo, el IVA superreducido —que grava los bienes de primera necesidad y Hacienda ha mantenido en el 4%—, estaría entre las tasas que podrían subir en el caso de tener que aplicar nuevos ajustes como condición para el rescate.

Otras medidas impositivas ya aprobadas en España son la eliminación en la deducción del IRPF por la compra de vivienda desde el año que viene, la supresión de la compensación fiscal —un complemento— en la deducción para los que compraron su casa antes del 20 de enero de 2006 o el encarecimiento en un 50% del IBI para algunos inmuebles.

En Irlanda, el Ejecutivo también ha subido el IVA, ha reformado el impuesto sobre la renta, ha recortado el salario mínimo interprofesional y ha anunciado subidas en las tasas universitarias.

La resistencia a bajar las pensiones por la impopularidad de esta medida podría llegar a su fin. El Gobierno socialista las congeló en 2011, y aunque Rajoy decidió subirlas en un 1%, puede que una de las condiciones impuestas desde Bruselas para el cumplimiento del Memorando sea una rebaja o una congelación de las pensiones.

Portugal, por su parte, ha decidido mantener congeladas las pensiones con el objetivo de reducir el déficit hasta el 3% antes de 2014.

Otra medida impopular es la reducción en las prestaciones por desempleo, precisamente en un país donde el porcentaje de paro es del 24,63%, según los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA) realizada por el INE.

De momento, el Ejecutivo ya ha aprobado una reducción en la prestación por desempleo a partir del séptimo mes de cobro, de un 60% a un 50%. Además, se eliminará el subsidio especial por desempleo para mayores de 45 años que agotan su prestación contributiva y los parados afectados por esta medida tendrán que acogerse al subsidio ordinario.

Aunque todavía no se ha decidido si se eliminará la ayuda de 400 euros para los parados de larga duración —cuyo programa vence el próximo 15 de agosto—, sindicatos como UGT ya lo dan por hecho y calculan que esta medida afectaría a 600.000 personas. Al no haber Consejo de Ministros hasta el 24 de agosto, esta ayuda desaparecerá, y dependería de la nueva aprobación por decreto de una ayuda a partir de finales de este mes.

Al firmar un Memorando de Entendimiento con Bruselas, la cesión de soberanía es más que evidente, aunque no sería únicamente económica como se ha previsto en el caso del rescate de la banca española. Europa tendría un mayor control también en medidas de tipo social y podría endurecer el repago sanitario o a la reforma laboral, facilitando todavía más el despido de trabajadores. En el caso de que estas medidas se hiciesen realidad, y viendo la reacción social a los ajustes ya aprobados, la protesta ciudadana en las calles está más que garantizada.

No obstante, de haber petición de rescate total se produciría a partir de septiembre, cuando haya de nuevo cumbre del Eurogrupo y una vez se conozcan las medidas que prepara el BCE para las "próximas semanas".