Cuando se cumple un año desde que Portugal fuese intervenida —sin que el rescate financiero haya mejorado sus cifras macroeconómicas—, el gobierno luso se plantea ahora desempolvar una vieja medida encaminada a la reducción del número de trabajadores en el sistema público del país vecino.

Según informa este martes un artículo publicado en el Diario Económico, el Ejecutivo portugués presentará en breve a los sindicatos de la administración estatal un proyecto de ley con el que se posibilitarán las rescisiones de contrato en la función pública siempre que sean de mutuo acuerdo entre en funcionario y la Administración.

El número de funcionarios ha ido disminuyendo a un ritmo de entre 15.000 y 20.000 al año desde que se implementó la regla de que solo podía entrar un nuevo funcionario a trabajar para el sistema por cada dos que salían, informa el diario financiero portugués.

Según las cifras disponibles, al final del año pasado aún había alrededor de medio millón de empleados trabajando en la Administración central, a los que es necesario añadir más de 130.000 empleados pertenecientes al gobierno local.

El número total de trabajadores públicos en Portugal "no debería superar el medio millón" si de lo que se trata es de reducir el gasto en las cuentas públicas", explica el autor del artículo, Francisco Ferreira da Silva, subdirector del rotativo luso.

"Es obvio que no habrá una disminución drástica de un momento a otro, debido a que la terminación por mutuo acuerdo —de la relación laboral— implica la existencia de dinero para pagar una justa indemnización y el dinero es algo que no abunda en las arcas públicas en estos días", asevera da Silva.

La medida, prevista desde los años 80 en la legislación lusa, aunque nunca había sido desarrollada, no será discutida en el encuentro que mantendrán el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Hélder Rosalino, y los tres principales sindicatos del sector, aunque el rotativo apunta que será discutida en próximas rondas de contactos.

"No conocemos la propuesta y nos tememos que pueda ser demasiado abierta y permita la desvinculación de buenos elementos de la Administración, comprometiendo así el funcionamiento de los servicios", señaló al Jornal de negocios José Abrao, representante del Frente Sindical da Administraçio Pública (Fesap).

La semana pasada se cumplía un año desde que Portugal fue rescata con fondos de Bruselas y el FMI. Sin embargo, pese a que los 78.000 millones de euros concedidos por la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional han servido para garantizar la estabilidad financiera del país, el dinero  no ha logrado revitalizar de momento su economía.

En estos doce meses han perdido su puesto de trabajo más de 100.000 portugueses y se prevé que este año sigan sus pasos otros 40.000 más; su PIB se ha contraído un 1,6 % y caerá el doble en 2012. El gasto y la inversión pública se han desplomado.