"Referir aquí todos los vínculos entre el poder político, la gestión de las cajas, sus inversiones y las remuneraciones que se autoconcedían (...) sería interminable". El auto emitido el miércoles por el juez de instrucción Fernando Andreu no deja lugar a la duda: existe la sospecha de una relación entre los presuntos delitos de estafa y falsificación de cuentas –entre otros– cometidos en BFA-Bankia durante su creación y salida a Bolsa y el poder político.

Así, la investigación abierta por la Audiencia Nacional –en la que están imputados 33 exconsejeros del grupo bancario, entre ellos el exvicepresidente Rodrigo Rato y el exministro Ángel Acebes– revisará todas las operaciones de crédito, aval o garantía efectuadas desde 2008 "en favor de los partidos o grupos políticos que tengan representación en las corporaciones locales y asambleas legislativas autonómicas que hayan participado en el proceso electoral" de cada una de las siete cajas de ahorros que dieron lugar a BFA-Bankia.

A falta de que la investigación judicial aflore o no otra realidad, las cuentas oficiales de las entidades muestran que entre 2007 y 2010 –ese es el último año en que publicaron cuentas por separado–,  cuatro de ellas concedieron al menos 28 créditos a un total de seis formaciones políticas.

Así, entonces, entre Bancaja, Caja Madrid, Caja Canarias, Caixa Laietana y Caja Rioja mantenían unos préstamos con grandes partidos por valor de 9,5 millones, tal como reflejan los informes de gobierno corporativo remitidos por estas entidades a la CNMV correspondientes a 2010. Por su parte, tanto Caja Ávila como Caja Segovia aseguran no haber financiado a ninguna agrupación.

El PSOE e Izquierda Unida son los dos partidos más endeudados con las antiguas cajas, tal como reflejan los informes. La formación afincada en la calle Ferraz debe alrededor de 2,8 millones de euros debido a ocho créditos concedidos por Bancaja, Caja Madrid y Caja Canarias. Además, los socialistas de Cataluña mantenían otro crédito de 250.000 euros.

Por su parte, IU es la agrupación que acapara una mayor deuda con la entidad ahora nacionalizada. Son 4,1 millones de euros merced a ocho créditos y avales prestados en su mayoría por la caja madrileña. Mención aparte merece el Partido Popular. Pese a que controlaba los ayuntamientos y asambleas de las principales cajas investigadas, apenas mantenía a finales de 2010 dos créditos con Caja Madrid por un montante de 47.000 euros. El Bloc Nacionalista, Coalición Canaria y el Partido Riojano son los otros grupos políticos financiados por las cajas antes de su fusión y salida a Bolsa.

Las diligencias abiertas ayer por el juez Andreu y la imputación de los 33 exconsejeros ha provocado todo tipo de reacciones políticas. Los dos consejeros socialistas Jorge Gómez y José María de la Riva solicitaron su suspensión temporal como afiliados al PSOE mientras dure el proceso; la misma medida reclamó José Antonio Moral Santín, afiliado a IU. Por otro, se constató la bienvenida a la investigación judicial tanto por PSOE e IU como por los sindicatos con miembros en el consejo de BFA-Bankia.

Y es que todos ahora se apuntan a investigar los rescates y posibles desmanes en cajas y bancos. El propio portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, reconoció este jueves en una entrevista concedida a EFE que "empieza a llegar el momento de conocer" lo ocurrido en el sistema financiero, pero no a través de una comisión de investigación, tal como le reclama la oposición.

"El PP no está en absoluto cerrado a que el Congreso pueda conocer cómo se ha llegado a la situación", y aludió a varias comparecencias pendientes que no han sido rechazadas, así como la subcomisión del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancario (FROB).

La intervención de BFA-Bankia por parte del Estado ha provocado que, al menos hasta el momento, el Gobierno español sea socio bancario del régimen cubano. Y es que Bankia, tal como refleja su último informe financiero, es dueña de un 40% del accionariado de Corporación Financiera Habana, entidad constituida en 1998 en consorcio con el Banco Popular de Ahorro, el primero con capital público fundado por el Ejecutivo de Fidel Castro. Entre los objetivos de CFH está "el apoyo a las empresas que operan o desean establecer su actividad en el territorio cubano, con independencia de su sector", tal como explica su web.