El Partido Socialista presentó este lunes un recurso de inconstitucionalidad contra la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy para quienes hayan evadido impuestos, bienes o capitales antes del 31 de diciembre de 2010.
La medida vulnera, según los socialistas, el principio de igualdad, ya que es "mucho más favorable para los incumplidores de las normas jurídicas que para los cumplidores". Por ello, y dado que el plazo para acogerse a la misma acaba el 30 de noviembre, la formación espera que el Tribunal Constitucional resuelva lo antes posible.
Sin embargo, y salvo que el órgano modifique sus prioridades, el recurso pasará a la cola de asuntos por estudiar. Además, el TC aún está pendiente de que PP y PSOE pacten la renovación de sus magistrados.
Causas por resolver
Según las estadísticas oficiales del TC, en 2011 se presentaron un total de 31 nuevos recursos de inconstitucionalidad (de un total de 7.192, más del 90% de ellos, recursos de amparo). De ellos, dictó 32 sentencias sobre asuntos pendientes, pero aún acumulaba otros 193 procesos abiertos relacionados con la Carta Magna.
Recientemente, el órgano se ha pronunciado sobre la legalización del partido abertzale Sortu y ha dado salida a distintas cuestiones sobre la 'doctrina Parot'' —acerca de la forma en la que se aplica la reducción de penas por beneficios penitenciarios a los terroristas con varias condenas pendientes—.
A pesar de ello, los magistrados del Constitucional tienen sobre la mesa —o a punto de llegar a la misma— los siguientes asuntos de calado:
- Ley del matrimonio gay > Oficialmente, Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio. El PP recurrió al Constitucional en octubre de 2005 denunciando que permitir que la unión de dos personas del mismo sexo se califique como matrimonio "desnaturaliza" esta institución.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha asegurado que no aprecia inconstitucionalidad en el matrimonio gay, pero el sector duro del Partido Popular ha frenado la retirada del recurso alegando que no es jurídicamente posible.
- Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (Ley del aborto) > El PP presentó el recurso el 1 de junio de 2010. Federico Trillo, responsable de asuntos jurídicos de Génova, manifestó que su formación entendía que la normativa elaborada por el último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero suponía "el derecho al aborto libre hasta la semana decimocuarta de embarazo" y la desprotección de los derechos del no nato.
La norma entró en vigor el 5 de julio de 2010. El Gobierno de Navarra también recurrió la ley, esta vez por invasión de competencias. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció que el PP tendrá lista su propia reforma de la normativa en otoño de este año.
- Privatización del Canal de Isabel II > La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, anunció en septiembre de 2008 que privatizaría el 49% de la compañía pública del agua. A pesar de que la salida a Bolsa de su sociedad instrumental ha fracasado por el momento, Su Ejecutivo sigue dando pasos en esa dirección. El 8 de mayo, el TC admitió a trámite el proceso iniciado por 50 senadores del Partido Socialista.
- Reforma laboral > El Defensor del Pueblo está estudiando si interpone, a petición de CC OO y UGT, un recurso de inconstitucionalidad contra la norma aprobada por el Gobierno de Rajoy a los dos meses de llegar a la Moncloa. Las centrales sindicales entienden que la nueva normativa de despido y contratación, que da a los empresarios la posibilidad de prescindir, incluso, de trabajadores que tengan una baja médica justificada, contraviene al menos ocho preceptos de la Carta Magna.
Un juez de Madrid también ha elevado una cuestión de inconstitucionalidad contra la norma.
- Los recortes en Sanidad > La Generalitat de Cataluña y la Junta de Andalucía han anunciado su intención de presentar en breve sendos escritos para derogar el recorte de 7.000 millones de euros en Sanidad aprobado por el Estado en abril de este año. Las autonomías creen que, además de afectar a derechos constitucionales, las medidas de recorte (repago de los medicamentos para pensionistas, restricción de la cartera de servicios y del derecho de asistencia) socavan su capacidad de autogobierno.
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