El expresidente balear y exministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, podría ser el segundo exministro de la democracia en cumplir una pena de prisión y se ha convertido ya en el cuarto exmandatario autonómico en recibir una condena, tras la que este martes ha dictado la Audiencia Provincial de Palma. La sentencia pide 6 años de cárcel por fraude, falsedad documental, prevaricación y tráfico de influencias agravado.

José Barrionuevo, ministro del Interior con Felipe González, pasó tres meses en la cárcel, entre septiembre y diciembre de 1998, tras ser condenado a diez años de cárcel y doce de inhabilitación por el Tribunal Supremo en el caso Gal por el delito de secuestro de Segundo Marey. Fue indultado parcialmente en 1998 por el Gobierno de José María Aznar, a petición del TS, junto a otros nueve condenados.

También fue juzgado por el llamado caso de los fondos reservados junto al exministro del Interior José Luis Corcuera. Fueron condenados a siete años de prisión y 16 de inhabilitación y seis años de prisión y 15 de inhabilitación, respectivamente. Pero la Audiencia Provincial de Madrid los absolvió en 2002 al considerar que ninguno de ellos tenía conocimiento ni consentía la sustracción de los citados fondos.

Jaume Matas ha sido el noveno mandatario autonómico juzgado por supuestos delitos cometidos en el cargo, aunque se ha enfrentado a la justicia después de dejar su puesto. Por contra, su compañero de partido y expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, fue el segundo presidente autonómico en ejercicio que se sentó en el banquillo, detrás del expresidente de Cantabria Juan Hormaechea.

El popular Jaume Matas es el cuarto dirigente autonómico de la democracia que ha sido condenado por los tribunales.

Antes que Matas, fue condenado José Marco, expresidente socialista de Aragón entre 1993 y 1995, que se enfrentó a una pena de 13 meses de prisión y seis de inhabilitación, además de una multa de 75.000 pesetas, por malversación de caudales en el conocido como 'caso del sillón'. Marco instaló en su casa, falsificando la factura, un sillón de cuero cuando era presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza.

El expresidente cántabro Juan Hormaechea, por su parte, dimitió en 1994 tras ser condenado a seis años de cárcel y 14 de inhabilitación por un delito de malversación de casi tres millones de pesetas y otro de prevaricación. También fueron condenados tres de sus consejeros.

Por último, el expresidente de Navarra entre 1984 y 1991, Gabriel Urralburu (PSOE), fue encarcelado en 1995, por haber cobrado comisiones ilegales en obras públicas durante su mandato (caso Otano). Urralbu salió en libertad provisional en 1998 y fue condenado a 11 años de prisión por el mismo delito y otros dos contra la Hacienda Foral y al pago de una multa de 4,69 millones de euros. En 2001, el Supremo redujo su condena a cuatro años.

Otros cinco expresidentes de comunidades autónomas han sido juzgados por diferentes motivos, pero finalmente fueron absueltos. El caso más reciente es el del valenciano Francisco Camps por la conocida como causa de los trajes dentro del caso Gürtel.

El navarro Javier Otano (1995-1996) por el caso Roldán, el mismo que su antecesor Gabriel Urralburu; el balear Gabriel Cañellas (1979-1995) por prevaricación y cohecho; el murciano Carlos Collado (1984-1993) por prevaricación y malversación de fondos; y el vasco Juan José Ibarretxe (1999-2009) por un delito de desobediencia por reunirse con Batasuna durante la tregua de ETA de 2006, son otros casos de expresidentes que se han sentado en el banquillo.