El Gobierno de Esperanza Aguirre ha autorizado de forma definitiva al Ayuntamiento de Collado Villalba, gobernado por el popular Agustín Juárez, a llevar a cabo un expediente de regulación de empleo (ERE) que va a provocar el despido de 39 de los 569 trabajadores municipales.

Así figura en la resolución emitida este martes por la Dirección General de Trabajo de la Comunidad de Madrid, que declara "en situación legal de desempleo" a los afectados, que perderán su trabajo en un plazo máximo de tres meses.

El texto añade que los empleados serán indemnizados según la legislación vigente en el Estatuto de los Trabajadores y que aquellos de más de 55 años podrán acogerse a su derecho de jubilación gradual y flexible, de acuerdo a lo establecido en la normativa.

El Partido Popular, que gobierna en Collado Villalba con mayoría absoluta desde las elecciones del 22 de mayo de 2011 (dio la vuelta a la mayoría absoluta del PSOE), justifica esta decisión en el estado en el que ha encontrado las finanzas municipales tras la salida del anterior alcalde, José Pablo González.

Según su sucesor, Agustín Juárez, Villalba (60.998 habitantes) tiene contraídas deudas por valor de 110 millones de euros, de las cuales 70 corresponden a pagos pendientes con los proveedores y otros 40 a créditos bancarios. De la deuda a proveedores, más de 14 millones corresponden a la empresa que se encarga de la recogida de basuras (FCC); otros 1,5 pertenecen al suministro eléctrico (Iberdrola). La empresa que se encarga de la limpieza de los colegios reclama otros 2 millones.

Por esta situación, el Consistorio presentó un ERE a finales de 2011 que contemplaba la reducción de 55 puestos de personal laboral y del 50% de las 25 plazas de funcionarios interinos. Los despedidos, finalmente, serán 39.

Collado Villalba es la primera administración local de la región a la que se autoriza a emplear la fórmula de la extinción definitiva empleo. Hace justo un año, en enero de 2011, la Comunidad firmó el expediente de regulación presentado por el Ayuntamiento de Fuente el Saz del Jarama (6.377 habitantes).

Sin embargo, este ERE fue temporal. Hasta 17 trabajadores con contrato laboral vieron suspendido su contrato durante un año y otros cuatro siguieron trabajando pero con una reducción de jornada durnate el mismo período de tiempo.

Pese a que el Ministerio de Trabajo, a través del Servicio Público de Empleo Estatal, emitió una resolución advirtiendo que el mecanismo del ERE solo era aplicable "al ámbito de la actividad empresarial o entidades que persigan la obtención de un lucro", no a una administración pública, la Comunidad de Madrid declaró ser la única competente por ley. Para ello se apoyó en resoluciones similares aprobadas por una mancocunidad de municipios catalana.

Los problemas de solvencia atacan a la mayor parte de los Ayuntamientos de la región. Uno de los más afectados es Parla, donde una veinta de trabajadores y representantes sindicales se encerró este martes "de forma indefinida" en la sede consistorial para exigir al alcalde, José María Fraile (PSOE) el pago de la nómina del mes de enero.

Una semana después del comienzo del mes de febrero, la mayor parte de los 700 trabajadores municipales no han cobrado la nómina. Fraile ya advirtió que los empleados cobrarían con retraso este mes, ya que era necesario priorizar los pagos que garantizan los servicios municipales. Concejales y altos cargos no cobraron las nóminas del mes de diciembre hasta el pasado 16 de enero, con más de dos semanas de retraso.

A finales de 2011, Parla despidió a 66 personas como forma de asegurar su viabilidad económica.