Los 200 casos de corrupción que investigan actualmente los tribunales españoles (algunos tan mediáticos como la trama Gürtel o los ERE falsos de Andalucía) y el reciente anuncio del cese definitivo de la violencia de ETA deberían ser motivos suficientes para que corrupción y terrorismo fueran dos de los ejes centrales de los programas políticos.

Sin embargo, solo los partidos minoritarios, como IU, UPyD y Equo, han hecho compromisos tangibles en el capítulo de corrupción y transparencia política, mientras que PP y PSOE pasan más de puntillas por estos temas con compromisos nada concretos. En materia de terrorismo, poco, quizás porque las últimas encuestas del CIS revelan que ETA no está ya ni entre los diez principales problemas para la sociedad española.

Lucha contra la corrupción. IU desarrolla planes muy concretos contra el "cáncer de la democracia": una nueva ley que incluya el delito de enriquecimiento ilícito, eliminación de la inmunidad de los políticos y que estos delitos no prescriban. UPyD reclama que los imputados no puedan presentarse a ningún comicio (en las elecciones municipales de mayo lo hicieron más de 100) y Equo que los partidos políticos sean "corresponsables jurídicos" de sus cargos condenados. El PSOE solo habla de "tolerancia cero", de que reforzará la Fiscalía y de que elevará los plazos de prescripción de estos delitos. El PP solo promete que se enjuiciarán más rápidamente estos casos y que protegerá a los funcionarios que denuncien.

Transparencia en los datos. Equo pide una ley de transparencia que reconozca como "dominio público" toda la información de las Administraciones, un sistema de consulta gratuito. UPyD apuesta también por una plataforma de "datos abiertos" para las empresas privadas que reciban ayudas públicas.

Los políticos. IU apuesta por muchos cambios en la clase política: control estricto del absentismo de los cargos electos, supresión de los privilegios fiscales, que los salarios de los cargos electos no excedan del sueldo del funcionario de rango más alto, y la publicación del patrimonio de todos los cargos electos. UPyD va más allá, y propone que sea incompatible ser alcalde y diputado, una limitación de mandatos de dos legislaturas y que se controlen las cuentas de partidos, sindicatos y patronales. El PP quiere informar de la "situación patrimonial" de todos los partidos políticos, organizaciones empresariales, sindicatos, fundaciones y ONG que reciban fondos públicos.

Seguridad. El más comprometido con este tema es el PP, que aboga por un plan de seguridad rural para luchar contra robos "en explotaciones agropecuarias" y por modernizar el "sistema de control de fronteras". Los populares aseguran que no habrá más policías autonómicas. El PSOE apuesta por combatir con más dureza el crimen organizado.

Más policías en la calle. Todos afirman que incrementarán la plantilla policial, aunque ninguno da cifras. UPyD asegura que reforzará los equipos que luchan contra la delincuencia económica y que sacará más agentes a la calle retirándolos de las labores burocráticas. IU asegura que va a desmilitarizar la Guardia Civil y que unificará Policía Nacional y Benemérita en una Policía Estatal.

Terrorismo. Pocas alusiones. El PP deja por escrito que no negociará con terroristas y que seguirá impulsando la Ley de Partidos. UPyD aboga por el cumplimiento íntegro de las penas. Los socialistas anuncian que mantendrán su "estrategia contra ETA". Se esperaba algo más del PNV, que solo se compromete "a seguir luchando por la paz y la normalización de Euskadi".

En su apartado de transparencia y corrupción, UPyD incluye dos propuestas novedosas: una nueva ley de "exigencia de responsabilidad civil" que se aplique a aquellos cargos públicos que tras finalizar su mandato hayan ocultado deudas o impagos; y un nuevo delito de "administración desleal" en el Código Penal para aquellos cargos que hayan causado "un perjuicio económico evaluable" a sus ciudadanos. Equo, por su parte, pide regular la relación entre lobbies y las instituciones públicas.