El Ministerio remite a los afectados a las asociaciones de consumidores

Puig de la Bellacasa señaló que "desde las autoridades de Consumo lo que podemos hacer es ponernos a disposición de los perjudicados e intentar, fundamentalmente a través de las asociaciones de consumidores, ayudarles, asesorarles y darles asistencia jurídica".

En este sentido, anunció que el viernes se insertarán anuncios en los medios de comunicación facilitando los números de teléfono y las direcciones de las páginas web de las asociaciones más representativas para que los afectados puedan dirigirse a ellas.

Asimismo recordó que en la reunión que esta tarde mantiene el Consejo de Consumidores y Usuarios CCU, que representa a asociaciones más importantes, estas "darán un paso adelante para abordar la defensa letrada" de los afectados que lo requieran.

El subsecretario afirmó que no es el momento de conocer" si los inversores van a recuperar su dinero, ya que el proceso "está en fase de intervención judicial" y todavía "no se han analizado los bienes a disposición de las empresas".

Tras subrayar que la intervención judicial es la máxima garantía de defensa de los derechos de los consumidores, agregó que "estamos ante presuntos delitos muy graves" por lo que es el poder judicial el que debe estudiar la solución más adecuada "y en función de esa decisión habrá que ayudar a los afectados", señaló.

A su juicio, los consumidores deben ser conscientes de que con la intervención de la Fiscalía Anticorrupción las "presuntas actividades delictivas han cesado".

Respecto a la regulación actual de las sociedades de bienes tangibles, señaló que "no parece adecuada" por lo que se estudian "nuevos elementos" que doten de más transparencia y garantías a estas sociedades.

Al respecto, afirmó que la disposición adicional que las regula fue introducida en 2003 a través de una enmienda a la Ley de Inversiones Colectivas en el Senado sin discusión previa y con la oposición de varios grupos.

El subsecretario subrayó la cooperación institucional existente en este caso para "hacer lo imposible" en defensa de los perjudicados y afirmó que el Instituto Nacional de Consumo (INC) estará en contacto permanente con las comunidades autónomas y las asociaciones de Consumidores para que se pueda informar de cualquier novedad de forma coordinada.

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