El Senado ha aprobado este miércoles de manera definitiva y exprés la inclusión en la Constitución española de un límite al gasto público. Los partidarios de un referéndum tienen ahora 15 días para encontrar a un 10% de congresistas o parlamentarios que respalden la medida y estén dispuestos a presentar una petición ante la cámara correspondiente.

La primera reforma de calado en 30 años se ha aprobado con los 233 votos a favor de PP, PSOE, PSC y UPN, tres en contra y sin que los senadores de CiU estuvieran presentes. El nuevo texto constitucional marca unos principios generales y el límite de un 0,4% al déficit estructural se fijará en una futura ley orgánica y entraría en vigor a partir de 2020. Esta reforma ha sido contestada en la calle y en Internet, como cuando este martes una manifestación de sindicatos e indignados clamaba por la celebración de un referéndum vinculante.

Los portavoces de los dos grandes partidos han asegurado que este cambio y ampliación del artículo 135 es una garantía para el futuro del Estado de bienestar y como una decisión que debe acometerse por "responsabilidad política" y no al dictado de Alemania y Francia. Estos países recomendaron, a imagen de lo que ya hizo el país germano, poner esta regla de oro en las Cartas Magnas de los 17 países de la zona euro a finales de agosto.

El portavoz popular Pío García Escudero ha apuntado que no es una "medida de choque" sino una aportación de cara al futuro para acabar con las prácticas de "mal gobierno". Ha destacado la coherencia de su partido, que ya venía desde hace un año defendiendo una medida similar y ha asegurado que, siendo PP y PSOE quienes aglutinan el 90% de la representación parlamentaria, tienen la potestad de cambiar la Constitución. Su homóloga socialista Carmen Silva ha calificado los reproches sobre lo "antisocial" de la modificación como "demagogía fácil" porque "no podemos permitirnos ni una deuda ni un déficit excesivos".

Los senadores del grupo mixto han atacado la reforma, ya sea Coalición Canaria, que ha defendido que las Comunidades Autónomas puedan fijar su propio déficit público, o el Bloque Nacionalista Galego, que ha afirmado que le resulta extraño que los mismos partidos que han "sacralizado" la Carta Magna la hayan reformado en "dos tardes de verano". Por su parte, CiU ha respondido a quienes les acusan de querer desnaturalizar la reforma que "esa es exactamente" su intención y ha acusado de falta de responsabilidad al resto. El senador de Entesa-Partido de los Socialistas de Catalunya, Isidre Molas, ante "que cada uno votará lo que había anunciado", ha declinado dar un discurso inútil.