"Personalmente, yo no habría dimitido porque no he incurrido en ninguna causa de incompatibilidad", afirmó Guerrero, que admitió que fue el PP quien le propuso que dejase el cargo tras las críticas vertidas al conocerse que su bufete defendía al ex concejal José Jaén, imputado en la presunta trama de corrupción municipal.

En una conferencia de prensa en la que compareció solo en el Ayuntamiento, el abogado reconoció que estos días ha echado en falta el apoyo de algunos compañeros de la comisión gestora y del propio presidente y lamentó las "injustificadas" críticas hacia él, si bien aclaró que esa falta de apoyo no ha determinado su dimisión.

También admitió que tiene "sentimientos encontrados" al irse, "aunque a nadie le agrada un sacrificio incomprendido", y lamentó su marcha tan temprana "porque hubiese dado batalla".

"Dimito porque soy un ciudadano que ha vivido en esta ciudad y le duele que siga siendo centro de las miradas de todo el país por los lamentables acontecimientos ocurridos y ya es hora de que recupere la imagen que el pueblo se merece", afirmó.

Guerrero explicó que, desde el punto de vista legal, está previsto que la defensa de una persona frente a un Consistorio no sea causa de incompatibilidad, excepto cuando el vocal que sea abogado dirija un procedimiento contra el Ayuntamiento, "que tendrá que optar por una u otra opción".

El abogado, que iba a ser responsable de la Delegación de Hacienda, Economía e Inspección Tributaria, formalizará su marcha mediante un escrito al pleno, tres días después de tomar posesión en una sesión extraordinaria celebrada en el Ayuntamiento marbellí.

Su puesto como vocal lo ocupará Javier García, director del colegio Monseñor Rodríguez Bocanegra de la localidad malagueña

Primer pleno y nuevo reglamento

Poco antes de que Guerrero hiciera pública su dimisión, se produjo la celebración del primer pleno de la Gestora, que apeneas duró unos minutos.

En este primer pleno de la comisión gestora del Ayuntamiento de Marbella, se aprobó hoy por unanimidad su reglamento de organización y funcionamiento, tras ser sometido a votación por el presidente en una sesión extraordinaria y urgente en la que fue asumido por asentimiento.

La sesión, la primera convocada por la gestora que regirá el Ayuntamiento marbellí hasta las elecciones de 2007, fue muy breve y en ella volvió a actuar como secretario el funcionario Leopoldo Barrantes, uno de los imputados en el "caso Malaya", que se encuentra en libertad con cargos.

El reglamento acordado no prevé el voto de calidad del presidente de la gestora, Diego Martín Reyes, y establece que los asuntos en los que se produzcan empates en dos votaciones sucesivas quedarán sobre la mesa.

Como presidente, Martín Reyes, que fue propuesto por el PSOE, tiene entre sus atribuciones las acciones tendentes al restablecimiento de la legalidad urbanística y la jefatura de la Policía Local.

El reparto de áreas establecido por los partidos atribuye al PP la designación del vocal encargado de la Delegación de Seguridad Ciudadana y Servicios de Emergencia, que incluye expresamente -en un anexo al reglamento- a la Policía Local, Seguridad Vial, Tráfico, Cuerpo de Bomberos y Protección Civil.

De esta forma, los dos grandes partidos deberán compartir la gestión respecto a los agentes del cuerpo de seguridad local.

Funciones del pleno

El pleno, que se reunirá al menos una vez al mes, incluye entre sus cometidos la aprobación de instrumentos de planeamiento urbanístico de desarrollo, de gestión urbanística y de proyectos de urbanización, la concesión de cualquier tipo de autorización o licencia y las contrataciones y concesiones.

También tendrá la capacidad de nombrar personal eventual, el despido de personal laboral y la contratación temporal y asumir las funciones encomendadas al pleno del Ayuntamiento sobre organismos públicos y sociedades mercantiles constituidas por la Corporación.

Algunas de sus competencias serán indelegables a otros órganos de la gestora, pero no así aspectos como la elaboración del presupuesto o la gestión urbanística y los proyectos de urbanización.

La comisión permanente, con seis componentes (el presidente, los cuatro vicepresidentes y un vocal designado por el pleno), decidirá por mayoría absoluta sobre las atribuciones que le deleguen el presidente y el pleno y será además un órgano consultivo para dictaminar todos los asuntos que hayan de ser conocidos por el pleno y colaborar en la formación de su orden del día.

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