El Partido Popular ha presentado una resolución en el Congreso, tras el debate del estado de la nación, para que el Gobierno "extreme la vigilancia" y aplique la ley en las instituciones vascas y navarras y no sirvan a la estrategia de la continuación de "ETA-Batasuna", según ha explicado la portavoz Soraya Sáenz de Santamaría.

Las novedades que pactaron introducir PP y PSOE en la última reforma de la Ley Electoral permitirían expulsar a concejales y alcaldes de Bildu, ya que desde entonces su presencia podría no ser "irreversible". Los populares creen que "ya existen circunstancias" para recurrir a la ley: "Sufren acoso determinados concejales, se incumple la normativa de símbolos, se impide la entrada a los escoltas o que no se produzca la condena y petición de disolución de ETA"

La medida forma parte de las quince resoluciones que los populares han registrado en total en la Cámara Baja. Hasta las 20 h de este miércoles, los grupos podrán presentar enmiendas a las propuestas, que se debatirán y votarán el jueves a partir de las 10 h.

Otra de las propuestas se refiere a establecer deducciones fiscales de 3.000 euros durante dos años a aquellos emprendedores que contraten a su primer trabajador por tiempo indefinido. Estos emprendedores, además, podrán crear su empresa en 24 horas y disfrutarán de otras ventajas fiscales, como un impuesto de sociedades más bajo.

También, según el contenido de la resolución del PP, pagarán el IVA cuando cobren la factura, no cuando se emita. Los populares, además, desean atajar el crecimiento de la tasa de paro juvenil, y para ello, piden una reducción del 20% de las cotizaciones por contingencias profesionales de la Seguridad Social y otra del cien por cien en las cotizaciones por contratos a menores de 30 años.

A la espera de que el Gobierno concrete su "regla de gasto" para las comunidades autónomas, el PP aboga nuevamente por reformar la Ley de Estabilidad Presupuestaria y colocar límites presupuestarios y de endeudamiento. En la misma línea, insiste en menguar el número de cargos de confianza, de altos mandatarios, el gasto corriente y el parque móvil.

Al igual que la Generalitat valenciana, el PP quiere poner topes al consumo de los teléfonos móviles que tienen los dirigentes públicos, ha avanzado la portavoz de los populares.

La sostenibilidad de los servicios públicos esenciales, la recuperación de una línea ICO que ayude a los ayuntamientos a pagar a sus acreedores, la capitalización de las entidades financieras desde el saneamiento, la protección de la unidad de mercado y la internacionalización de las empresas españolas son otras iniciativas del PP.

Sáenz de Santamría considera "limitada" la medida del Gobierno de ampliar el umbral del salario inembargable, y por esta razón, apuesta por matizarla a través de la recuperación de la deducción por compra de vivienda y por "poner coto" a cláusulas "abusivas", como "la cláusula suelo". Además de agilizar el Parlamento, los populares proponen una política exterior "de consenso".