El Congreso ha dado este martes la autorización al Gobierno para prorrogar dos meses más la actuación de las tropas españolas en la misión internacional en Libia para proteger a la población de ese país, después de que lo solicitara la ministra de Defensa, Carme Chacón.

La Cámara ha permitido así que las fuerzas armadas sigan ayudando en el mantenimiento de la zona de exclusión aérea y además puedan colaborar en las labores de ayuda humanitaria, si lo pide la ONU, acompañando en la evacuación de ciudadanos o en la entrega de alimentos, medicinas y materiales de primera necesidad. La Comisión de Defensa del Congreso ha dado el visto bueno a la prórroga con 37 votos a favor frente al único voto negativo del diputado de IU, Gaspar Llamazares.

La misión costará 7 millones por cada mes de prórroga. El coste global estimado de la participación española en este conflicto, incluida la prórroga, será de 43 millones de euros.

Chacón también ha anunciado que España aportará a la misión internacional en Libia un avión más, de reabastecimiento en aire, que no supondrá, aseguró, ni un aumento de los costes previstos para esta intervención ni de los efectivos comprometidos.

En su intervención en la Comisión de Defensa del Congreso para solicitar la prórroga por dos meses de la participación española en el control de la exclusión aérea en Libia, Chacón también ha anunciado que el próximo 26 de abril el submarino 'Mistral' sustituirá al 'Tramontana' en sus labores en la zona.

La ministra ha explicado que España aportará el nuevo avión a petición de la OTAN, debido a que las operaciones aéreas se convierten en misiones de larga duración que requieren en muchos casos el reabastecimiento en aire que puede realizar este aparato.

Chacón ha insistido en que esta aportación no supondrá ni un aumento del coste previsto para la participación española ni del número de efectivos, que no superará los 500 como así se comprometió el Gobierno con el Congreso.

También ha pedido a la Cámara que permita a España participar, con los medios ya desplegados, en las operaciones de ayuda humanitaria que autorice Naciones Unidas y que están preparando la Unión Europea y la OTAN, y ha recordado que, según datos de la ONU, puede haber tres millones y medio de libios con necesidades de este tipo de ayuda.

La ministra ha subrayado que las operaciones militares auspiciadas por la ONU "no son la solución" al conflicto libio, aunque "empujan, colaboran y apoyan" dicha solución.

El conflicto libio, ha insistido, "no tiene una solución estrictamente militar" y son necesarias "vías políticas y diplomáticas" para conseguir una paz duradera.

El Congreso ya autorizó el pasado 22 de marzo, con el apoyo de todos los grupos -salvo IU y BNG-, la participación española en la operación militar en Libia, tras la comparecencia del jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero.

La titular de Defensa señaló el lunes antes de comenzar su reunión con la titular de Exteriores y los embajadores españoles en los países del Magreb y de Oriente Medio, que la acción militar de las fuerzas internacionales "debe continuar" y España "va a seguir contribuyendo a este esfuerzo". Subrayó entonces que España cuenta con el "marco jurídico adecuado" para participar en misiones como la de Libia, país en el que la "violencia feroz se ha interpuesto en el camino" de los ciudadanos que reclamaban cambios.

También recordó que pedirá la autorización del Congreso para que los medios que participan en la intervención puedan ayudar en misiones humanitarias si así lo reclama Naciones Unidas. En este caso, España colaborará con labores de acompañamiento y apoyo de convoyes con material. En este sentido, el pasado viernes el vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, afirmó que si lo pide la ONU "España naturalmente iría".

Según Defensa, en caso de que los organismos humanitarios de la ONU lo solicitaran a la UE o la OTAN, los medios navales y aéreos desplegados por España podrían apoyar y proteger la llegada de esa ayuda humanitaria a la población libia.

El Gobierno estableció el despliegue de las unidades españolas en el marco de la crisis de Libia, con un período de un mes para las operaciones de zona de exclusión aérea y de tres meses para las participantes en las operaciones de embargo de armas.