La teniente de alcalde de Derechos Sociales de Barcelona, Laia Ortiz, ha explicado este jueves que los Puntos de Asesoramiento Energético (PAE) han atendido a 3.500 personas mensualmente entre enero y mayo en lo que va de 2018 (en total 17.641) , mientras que en 2017, se atendió a 1.900 personas al mes, un 84,2% menos, que supusieron un total de 23.231.

Ortiz ha apuntado que estos resultados son el síntoma de que "no solo hay una causa de pobreza sino un mal funcionamiento del sistema energético de nuestro país". Asimismo, ha recalcado que "la desigualdad crece en general en el Estado como consecuencia de incrementos del coste energético y de beneficios de las compañías".

En 2018 el Ayuntamiento de Barcelona ha abierto cuatro nuevos expedientes sancionadores, dos a Gas Natural y dos a Endesa. "Tenemos muchísimas cartas donde compañías eléctricas recurren a una cobradora porque persiguen a personas reclamando deudas", ha señalado Ortiz.

En las cartas recibidas se detecta el reclamo de deudas, y tal y como ha explicado la teniente de alcalde, "en ningún momento se informa de que hay unos derechos y una ley y tienen la obligación de explicarlo".

La portavoz de Barcelona en Comú, ha relacionado esta situación con el anuncio del nuevo bono social del Estado, que según ella "ha generado una cierta relajación en cuanto al cumplimiento de la Ley 24/2015". Laia Ortiz ha recalcado que en 2017 se interpusieron ya cinco sanciones, que giran en torno a los 30.000 euros.  Estas se encuentran en manos de la justicia, y en caso de incumpliento, existe la opción del embargo.