Esta semana tiene lugar en Marrakech la vigésimo segunda conferencia de las partes firmantes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, más conocida popularmente como COP22. Se trata del encuentro anual en el que los estados signatarios de la convención se reúnen para evaluar los progresos en el cumplimiento de la agenda de lucha contra el cambio climático, que este año tiene una significación especial al ser la primera desde el nacimiento, el año pasado, del Acuerdo de París, firmado en la COP21 en esa ciudad, en el que se establece un programa de acción para mantener la temperatura del planeta "bien por debajo" de un incremento de dos grados centígrados sobre los niveles preindustriales.

La celebración de la COP22 viene acompañada de informes técnicos de los más diversos organismos internacionales en los que se repasa la evolución y características de los sistemas energéticos y económicos relacionados con el cambio climático, así como de los informes sobre la evolución del mismo. Sabemos ya, por ejemplo, que 2016 es el año más caluroso jamás registrado, con un incremento de 1,2 grados centígrados sobre los niveles preindustriales, en una serie cuya tendencia no sólo no para de crecer desde inicios del siglo XX, sino que se ha acelerado dramáticamente desde 1970. El segundo año más caluroso, después de 2016, había sido 2015. Y el tercer año más caluroso, el 2014.

Los efectos de este incremento de las temperaturas son dramáticos: al deshielo de los casquetes polares y al deshielo de glaciares y permafrost -superficies heladas permanentemente en grandes áreas de Rusia- se une el cambio del ciclo del agua, la pérdida de productividad agrícola, la desertificación, el auge de catástrofes como huracanes y tormentas tropicales, o las mutaciones genéticas en diferentes especies animales y vegetales.  Y como no podía ser de otra manera, sus consecuencias económicas a corto y largo plazo son potencialmente devastadoras. Sólo en 2016, los daños producidos por las tormentas tropicales en el atlántico norte han sido estimados en más de once mil millones de dólares. Los daños en 2005, incluyendo el Katrina que asoló nueva Orleans, se calcularon en más de 150 mil millones de dólares. Las previsiones a largo plazo son, en sus casos más extremos, sobrecogedoras. Según el informe Stern, elaborado para el Reino Unido en 2007, el daño total de un cambio climático incontrolado podría suponer una pérdida del 20% del Producto Interior Bruto Mundial a finales de este siglo. Informes más recientes de la OCDE ha situado el impacto en hasta un 12% del PIB mundial, es decir, cinco veces la recesión internacional de 2009.

En el caso de España, cabe destacar que se trata de uno de los países de la Unión Europea con mayor vulnerabilidad: según datos de SPON, una iniciativa de la Unión Europea, el cambio climático supondría un alto impacto negativo en 20 de las 50 provincias españolas, lo que no ha obstado para que España no haya, todavía, ratificado el acuerdo de París, y mantenga una política poco favorable a las energías renovables y la eficiencia energética.

La Unión Europea mantiene una agenda ambiciosa de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, que debería llevar a una reducción del 40% de las emisiones en 2030. La Agencia Internacional de la Energía acaba de publicar un informe en el que plantea que, aunque el PIB mundial ha crecido, las emisiones globales se han estancado. Pero no se trata de estancarlas, sino de reducirlas muy significativamente. Las bravuconadas del nuevo presidente electo Trump, que literalmente considera el cambio climático un cuento chino, no ayudan en nada a ello. Estados Unidos es el segundo emisor mundial tras China. Estamos al borde del precipicio, y si Trump retira a Estados Unidos del acuerdo de París, habremos dado un paso al frente.