"Abandonad toda esperanza". Las palabras que Dante imaginó en las puertas del infierno, son las que deberían ir en el preámbulo del Decreto-ley de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler. Y si me fijo en quienes ratificaron el texto en la Diputación Permanente del Congreso, podría seguir citando la Divina Comedia cuando dice: "ahí verás a la gente que ha perdido el bien de la inteligencia."

Es una mala noticia, pero no para el PP, ni para los promotores, ni para los fondos de inversión. Lo es sobre todo para las personas que buscan vivienda, porque el efecto, según todos los expertos, será el retraimiento de la oferta y el consiguiente incremento del precio.

Un decreto es una medida que solo se justifica por criterios de urgencia. Se invocan 5 y con datos interesados. Por ejemplo, el incremento del 5% de los desahucios vinculados a contratos de alquiler. Si vemos la memoria de alguien tan poco sospechoso de parcialidad como el Consejo General del Poder Judicial, descubrimos que los desahucios en 2018 fueron un 1,8% menos que el año anterior.

Tampoco lo es el porcentaje de ingresos destinado al pago de la vivienda que está por debajo del 30%, mientras que en 2007 rondaba el 50%.

Ni hay urgencia, ni hay burbuja inmobiliaria. Los precios de las viviendas, según el anuario del Colegio de Registradores, son un 16% más bajos que los de 2007. Y lo que es aún más interesante, la vivienda ha dejado de ser un bien especulativo. El comprador la conserva una media de 14 años, mientras que en 2007 no llegaba ni a 5 años.

El mercado se autorregula, pero eso es algo que los fundamentalistas del intervencionismo, la negligente izquierda exquisita se niega a aceptar.

El contenido del Decreto es claramente asimétrico. Se niega al propietario la posibilidad de no prorrogar el contrato en caso de necesidad, salvo que se haga constar de forma expresa en el mismo.

El preaviso para poner fin a la relación contractual es diferente para el arrendador (4 meses) que para el arrendatario (2 meses).

No solo se establece un límite a la actualización del alquiler (la variación anual del IPC) sino que anuncia la creación de un sistema estatal de índices de referencia del precio del alquiler que parece ser el primer paso para la limitación de rentas.

Anima a los Ayuntamientos a "exigir un recargo de hasta el 50%" del IBI a las viviendas desocupadas.

En definitiva, estamos ante un Decreto que no garantiza un equilibrio razonable entre las partes, arrendadores y arrendatarios, por lo que va a retraer la oferta y creará más tensión en el mercado, es decir incrementará los precios.

Los efectos de semejante volatilidad, de tan insólita inestabilidad jurídica, hacen predecir a inversores y promotores la paralización de proyectos y el desvío de inversiones.

Especulación, generación de economía sumergida, desaparición de las mejores ofertas del mercado, devaluación del valor de la vivienda, este es el contenido implícito del último decreto de esos dos aspirantes a Rasputines de la política que son Pedro Sánchez y José Luis Ábalos, aunque como dúo y por su obviedad no llegan ni a Pimpinela.