Las pensiones afectan a las necesidades vitales de millones de personas, mueven cantidades ingentes de dinero y es normal por tanto que conciten pasiones e intereses encontrados.

Durante la transición, proliferaron los colectivos aspirantes a una pensión, por razones de "justicia histórica", de equidad o de compensación de las injusticias sufridas. Probablemente un país que intentaba cerrar lo mejor posible una dictadura de 40 años tenía que asumirlo, pero ya entonces las cotizaciones de los trabajadores no parecían la mejor manera de atender estas necesidades sociales.

Al tiempo se transmitía la idea de que la Seguridad Social, entonces asociada sobre todo a la sanidad, funcionaba como una especie de hucha donde los trabajadores introducían sus ahorros obligatorios para asegurarse las prestaciones futuras. Se suponía que cuanto más aportabas, tantos más derechos acumularías. Bonito y lógico…pero falso.

El esquema fue abandonado hace tiempo para la sanidad, ante la incompatibilidad entre una atención universal y una financiación exclusiva por parte de los trabajadores en activo. Solo los presupuestos generales del estado la podían financiar con racionalidad y justicia como así ha sido. Pero las pensiones siguieron pagándose con el dinero aportado por los trabajadores activos en cada momento histórico, algo necesario en los setenta con el país en la ruina pero que 40 años después se entiende peor.

Con nuestras pensiones han jugado y de ellas se han servido políticos de todo signo, regalando jubilaciones anticipadas (a veces muy anticipadas) a empresas públicas y privadas para arreglar sus desfases, o incluyendo a colectivos con derechos mas que dudosos como si el dinero fuera suyo. Con una economía boyante no hay problemas: la cuantía más que limitada de las pensiones españolas permitía pagarlas e incluso ahorrar formando la famosa hucha, hoy desaparecida.

Cuando llegaron las vacas flacas, primero por el aumento descontrolado del paro y después porque la baja calidad del empleo creado supone unas aportaciones por trabajador muy pequeñas (sin contar el fraude en algunos sectores), surgen todos los problemas ante una sociedad envejecida en la que cada vez hay menos trabajadores por pensionista. Una tormenta perfecta de la que no se atisba una salida clara.

Se dice que las pensiones funcionan como un pacto intergeneracional en el que los cotizantes actuales pagan a los trabajadores del pasado y esperan que los del futuro paguen las suyas. Es verdad, pero la escasa fiabilidad de nuestros políticos hace que este mecanismo pueda ser modificado a voluntad en cada momento por quien gobierne, y por tanto no ofrezca la más mínima tranquilidad. Si los jóvenes de hoy no llegan a tener pensiones o éstas son de muy escasa cuantía en relación con lo aportado, lo más suave que podrían decir es que el sistema es lo más parecido a una estafa piramidal.

Solo un cambio en la financiación de las pensiones con su paso a los presupuestos generales del estado, como la sanidad, junto con el reconocimiento en la Constitución del mantenimiento del poder adquisitivo con un crecimiento mínimo del IPC puede garantizar este derecho sin dejarlo al albur de las veleidades políticas.