En medios judiciales se da como probable la condena de Artur Mas en el juicio celebrado esta semana ante el TSJ de Cataluña, por la organización de la consulta del 9-N desoyendo la prohibición del Tribunal Constitucional. Este pronóstico –arriesgado, como todos los que intentan adivinar una sentencia– se basa en varias razones. La primera es la propiamente jurídica, ya que los hechos parecen fácilmente subsumibles en el tipo delictivo de la desobediencia a una resolución judicial; hay varios indicios de que el Gobierno catalán siguió adelante con la consulta tras recibir la prohibición del Constitucional, aunque ahora se esconda detrás de la "intervención de miles de voluntarios" (excusa que además tiene poca grandeza). El delito de desobediencia también se comete mediante una actitud de evidente pasividad para no dar cumplimiento a lo mandado. El Fiscal ha aportado varias pruebas de que los tres acusados, Mas, Ortega y Rigau, tras recibir la orden del Constitucional "dejaron de truncar la continuación de todas las actuaciones públicas de preparación del 9-N".

La segunda razón es política; teniendo en cuenta que el 9-N fue un ensayo del referéndum secesionista que se nos anuncia para septiembre de este año –o incluso antes– una sentencia absolutoria ahora enviaría una pésima señal.

Por otra parte, la relativa levedad de las penas que se solicitan -multa e inhabilitación- una vez que el delito de malversación, castigado con severas penas de prisión, quedó descartado durante la fase de instrucción (a pesar de que el coste del 9-N para las arcas públicas superó los 4 millones de euros) puede facilitar que al Tribunal no le tiemble la mano.

Por último, la actitud desafiante del entorno de los acusados no va a favorecer a su defensa. ¿Será la condena el resultado que buscan las dos partes? Esta pregunta es aplicable también al inminente proceso contra Homs y a los que vendrán después.

Que todo intento de secesión es contrario a la ley es una verdad de Perogrullo: ningún Estado prevé en su ordenamiento su propia destrucción, ni siquiera parcial. De manera que, por muy pacífica que sea y aunque pretenda revestirse de maneras democráticas, cualquier iniciativa separatista es ante todo ilegal, lo mismo que una maceta puesta al sol lo primero que hace es sombra. Así las cosas, tampoco ofrece muchas dudas que los nacionalistas catalanes embarcados en el procés están voluntariamente vulnerando la legalidad del Estado español. Es más, lo que pretenden es precisamente eso: anular la vigencia de esa legalidad en el territorio de Cataluña y sustituirla por la que ellos dicten. Pretender hacer eso "respetando la legalidad vigente" es sencillamente absurdo. Y el pronóstico de que "el procés no llegará a ninguna parte al margen de la ley" es equívoco. El procés no puede llegar a ninguna parte dentro de la ley, ya que es una negación frontal de esta. De manera que, si no es en este juicio será en el próximo, pero no cabe duda de que los promotores del proceso independentista de Cataluña, si siguen adelante con el mismo, serán condenados por desobediencia, prevaricación y cuantas figuras delictivas están tipificadas para castigar a los cargos públicos que deliberadamente vulneren la legalidad vigente. Supongo que ellos lo tienen asumido.

En resumen, en este juicio y en los que vendrán, los tribunales se cansarán de declarar la ilegalidad de todo el proceso independentista y de condenar a sus promotores. ¿Y después? Tarde o temprano se pondrá de manifiesto la insuficiencia de la respuesta judicial. Ya sabemos que el Gobierno del PP se siente cómodo en ese terreno, pero me temo que los acontecimientos terminarán obligándole a librar la batalla también fuera de él.