En un año, tres millones más. Ya son más de 68 millones las personas las que se han visto obligadas a abandonar sus hogares. Una cifra similar a la población de España, Portugal y Grecia juntas. Una crisis humanitaria que aumenta cada año, mientras los líderes internacionales no solo miran para otro lado, sino que muchos parecen decididos a hacer la vida de estas personas aún más difícil.

El año pasado se volvieron a superar las 3.000 muertes en el Mediterráneo, los gobiernos europeos, entre ellos el español, fallaron clamorosamente sus compromisos y volvieron a ofrecer refugio a cuentagotas. Nuestro país rechazó dos de cada tres peticiones de asilo que resolvió. Conviene recordar estos datos hoy Día Mundial del Refugiado, y en la semana posterior a la que hemos estado tan pendientes de la suerte de las 629 personas rescatadas por el ‘Aquarius’.

Pero sobre todo conviene no olvidar este otro dato: 8 de cada 10 personas desplazadas forzosas se encuentra en países con escasos recursos. Como Turquía, Líbano, Pakistán, Uganda… ¿sorprendente, no? La encomiable decisión de aceptar el desembarco por el ‘Aquarius’ y el dispositivo creado para su llegada no pueden quedarse en un buen gesto.

Las personas que llegan cada día a nuestra frontera huyen de los mismos conflictos, del mismo desamparo. Como ellas, han tenido que abandonarlo todo y poner en riesgo sus vidas, han pasado el mismo miedo en medio del mar, o saltando una valla, y sobre todo, tienen los mismos derechos. Por tanto, es de justicia que a partir de ahora reciban el mismo trato quienes lleguen -ya sin focos- a nuestras costas, algo que desde CEAR hemos denunciado que no sucede. La voluntad de que España sea de verdad un país de acogida no puede durar una semana.

El ‘Aquarius’ es un ejemplo de coordinación entre administraciones públicas y organizaciones, y sobre todo debe ser el precedente para que nunca más alguien que arriesga su vida para llegar a nuestro país no tenga la oportunidad de pedir asilo ni de tener información clara sobre sus derechos. El nuevo Gobierno tiene ahora la oportunidad de iniciar un cambio de rumbo en las políticas de asilo en España y liderar ese cambio también a nivel europeo, donde hasta ahora, con el aliento de grupos xenófobos y extremistas, frente a las personas refugiadas solo ha ganado terreno la política de cuanto más lejos, mejor.

Sin que importase el precio a pagar (acuerdos con Turquía) o que esas personas queden en condiciones similares a la esclavitud (tratados con Libia). Una política que, además de inhumana, es ilegal y va en contra de todo lo que Europa dice representar. Y será nuestra obligación, desde las organizaciones, desde todas las administraciones, y desde la sociedad, recordárselo para que el ‘Aquarius’ se convierta así en la norma, en vez de la excepción.