Bot (programa informático preparado para realizar tareas repetitivas a través de internet como si fuera un humano), granjas de clics (cientos de personas mal pagadas que se dedican a inflar el número de reacciones en perfiles sociales a través de métodos poco ortodoxos), fake news (noticias falsas), verificación (bueno ahora lo llamamos fact checking), manipulación, desinformación... Cualquiera que se mueva por internet o que siga los medios de comunicación habrá escuchado estas palabras que no se refieren a otra cosa que a todo lo que está aconteciendo en la red para difundir bulos y que los ciudadanos nos los creamos.

Funcionan sobre todo en épocas electorales, pero el responsable no es internet, como se encargan de decir los que pretenden una regulación de la libertad de expresión, sino los actores de un negocio que mueve mucho dinero: el de la compraventa de esas noticias falsas, de la desinformación. La manipulación es muy anterior a internet.

Según escuché hace dos días, hasta en 17 países europeos se han detectado tácticas de manipulación electoral y entre el 10% y el 25% de los seguidores de los partidos políticos son bots a los que se pide potenciar o crear debates artificiales.

A cuenta de todo esto, la plataforma X-net ha presentado hace unos días un informe titulado Fake news y desinformación. Monopolios de la manipulación informativa, en el que alerta de los peligros de la desinformación. Es la misma plataforma, formada por ciudadanos y fundada por la activista Simona Levi, que impulsó también el juicio a la cúpula de Bankia.

El informe ha sido publicado para resituar la cuestión de las noticias falsas y la desinformación al comienzo de este ciclo electoral en el que nos encontramos y para pedir normas que "no ataquen libertades fundamentales ni la propia estructura de un internet libre y neutral", pero sí una legislación que desmantele el negocio de la desinformación, para acabar con la impunidad de los grandes fabricantes y viralizadores de noticias falsas que son –dice este estudio– los gobiernos, partidos políticos, los medios de comunicación y las corporaciones.

De la misma manera que en el periodismo existe un código deontológico y unas buenas prácticas que obligan a los periodistas a verificar, a comprobar que las noticias son veraces, los responsables de este informe plantean ampliar a otras organizaciones, como los gabinetes, empresas de comunicación y partidos políticos, esta misma forma de actuar: una verificación trazable de cómo se ha creado la información.

La otra pata son los destinatarios de estas noticias, los ciudadanos, y a ellos se les pide sentido crítico para valorar lo que están leyendo y pensar un poco más antes de darle a la tecla.