El día de su macroboda Sergio Ramos manifestaba públicamente la felicidad suprema que tanto para él como para Pilar Rubio suponía el ver a sus hijos participar en la celebración.

El hecho de que el jugador madridista, que no es precisamente un revolucionario, lo expresara en esos términos indica hasta qué punto se contempla como algo normal el que una pareja tenga los hijos antes de casarse y no a la inversa. Ello supone un cambio de mentalidad considerable sobre el significado tradicional del matrimonio y su utilidad, un compromiso que ya muy pocos firman sin un largo periodo de convivencia previa para estar lo más seguros posible de lo que se hace.

La estadística ofrece motivos para el recelo de los contrayentes porque, según los datos oficiales, España registra una de las tasas de rupturas más altas de Europa con un promedio de solo cuatro de cada diez matrimonios resistiendo los embates de la convivencia. La nupcialidad cae de forma vertiginosa y aunque cada vez se tienen más hijos fuera del matrimonio (casi la mitad de los nacimientos se producen en esa circunstancia), la mayoría de la gente se casa para tener descendencia.

En general, las parejas son plenamente conscientes de que ningún contrato matrimonial, sea por el rito o la fórmula que sea, les compromete tanto como la firma de una hipoteca y el concebir hijos. Dos decisiones que, en la actualidad, no parecen ofrecer muchos alicientes a juzgar por las últimas cifras sobre natalidad que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística.

Que en la última década los nacimientos hayan caído en nuestro país un 30% resulta tan alarmante que debería ocupar la primera línea de nuestras preocupaciones. Las mujeres solo tienen 1,25 hijos de media cuando habrían de superar los dos alumbramientos por fémina para mantener el pulso demográfico de una generación.

El declive de la fecundidad lleva emparejado el incremento de la edad en que se tiene el primer vástago y que, según el último registro, ya sobrepasa la media de los 31 años. Esta deriva conlleva un envejecimiento de la población que, de no frenar pronto su galopada, en poco más de una década será prácticamente inmanejable.

Las proyecciones que España ha enviado a Bruselas indican que en el 2050 habrá seis jubilados por cada 10 trabajadores en activo, lo que complicaría sobremanera la sostenibilidad del sistema de pensiones. El nuestro será probablemente en unos años el lugar de Europa con mayor esperanza de vida gracias, en buena medida, a la universalidad de un sistema público de salud que será igualmente sobrecargado y muy difícil de sostener con una población anciana.

Evitar semejante escenario solo tiene dos recetas posibles: aumentar los estímulos a la natalidad con medidas más variadas, rotundas y eficientes de las vigentes, y abrir las puertas a una inmigración controlada y productiva. Hay que transmitir a la sociedad la gravedad del problema y conseguir la implicación de las instituciones y las empresas en su conjura. Todos queremos vivir mucho, pero nadie quiere un país de viejos.