El final del estado de alarma llegó como era de temer, en forma de fiestas callejeras masivas en ciudades como Madrid, Barcelona o Salamanca. El problema es que se trata del final de la alarma, no de la extinción del virus. Sigue habiendo gente que se contagia, y enfermos e ingresados en las UCI, aunque el desmadre fue tal que en el Hospital del Mar de Barcelona atendieron a más afectados por coma etílico que pacientes covid en urgencias.

Lo que pasó el fin de semana tiene muchas causas, entre ellas la irresponsabilidad de quienes cantaban y bebían sin mascarilla. Pero evitar que se repita compete a las autoridades, desde las autonómicas al Gobierno central. Es incomprensible que este momento tuviera una fecha fija desde hace seis meses y, sin embargo, haya acabado abruptamente, sin explicaciones ni alocuciones solemnes, sin más plan que dejar a las comunidades encomendándose a los jueces. 

Ayer, Pedro Sánchez esgrimió la vacunación como respuesta a las dudas que plantea la nueva situación e insistió en que las comunidades tienen suficientes herramientas para luchar contra la pandemia, pero el “desconcierto jurídico” del que habla el profesor Gimeno Feliú demuestra que no bastan.

Y, aunque el virus se esfume en tres meses, quedará pendiente elaborar la reforma legal que ahora, sin que se hayan explicado los motivos, no se ha hecho. Si a la próxima pandemia, que ojalá no llegue nunca, nos toca volver a los decretos y a los jueces, no podremos decir que no lo sabíamos. Y será un gran fracaso.