Defender que el 8-M no había coronavirus en España es negar la evidencia. Una cuestión es debatir si se actuó con dolo en aquellos días o si existe ilícito penal, que eso lo determinará un juez –a priori, sin mucho recorrido aparente–, y otra que la Covid-19 estuviera campando a sus anchas por el país entonces.

A finales de febrero, ya hubo empresas que enviaron a parte de sus plantillas a casa ante una posible exposición al virus y, semanas antes, el Mobile se había cancelado en Barcelona como medida preventiva. El mismo 8-M, en iglesias católicas se pedía suprimir el gesto de estrechar la mano para dar la paz –no por revelación divina– y, un día después, el 9-M se decretó el cierre de colegios en Madrid y Vitoria.

Estos son hechos y los hechos son sagrados. Otra cosa son las opiniones y, entrando en este terreno, se puede discutir si el delegado del Gobierno en Madrid prevaricó o no por permitir concentraciones esos días o si el forense-psicoterapeuta en cuyo informe se basa la juez instructora del ‘caso 8-M’ es una eminencia en pandemias o solo pasaba por ahí. Todo esto se tendrá que probar.

No hay que ser muy perspicaz para concluir a posteriori que se evaluó erróneamente el riesgo de celebración no solo de las marchas del 8-M, sino de otros eventos desarrollados entonces y que la batalla judicial no ha hecho más que empezar. Dicho esto, sería deseable que el depurar responsabilidades no signifique empañar posibles acuerdos para afrontar la recesión económica. Del consenso dependerá que salgamos de la crisis en V, U, o en Lámpara de Aladino como diría el ministro Escrivá. Por una vez, busquemos lo que en filosofía se denomina ‘bien común’.