Francisco, vecino de cualquier lugar. Pensionista por una incapacidad permanente absoluta que percibe una pensión de 10.584 € anuales con una discapacidad del 72%. Su esposa es una asalariada con ingresos anuales de 13.263 €.

Conocí a Francisco en la primera década de los 2000. Le conocí en plena crisis financiera. Regentaba un bar que, finalmente, tuvo que cerrar. Recordar que en aquella crisis no hubo escudo social que protegiera a los trabajadores por cuenta propia. Francisco vivía en su casa. Una vivienda gravada con una hipoteca que solicitó a un banco para instalar su negocio: el bar.

Aquella crisis arrastró a muchos, también a Francisco, que no pudo hacer frente al préstamo hipotecario y acabó entregando a la entidad financiera como pago de la deuda su casa. En aquella crisis tampoco hubo ayudas a las familias para hacer frente al alquiler o a las cuotas de préstamos hipotecarios de sus viviendas. Para más información, Francisco tuvo que hacer frente al impuesto de plusvalía liquidado como consecuencia de la entrega de su vivienda por el préstamo hipotecario. Hoy, Francisco no tendría que pagar la plusvalía.

Así empezó mi intervención ayer en el Congreso de los Diputados con motivo de las comparecencias por la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad. Esta ley introduce el procedimiento de la segunda oportunidad para aquellas personas, físicas o jurídicas, que a lo largo de su vida se han encontrado o se encuentran en una situación de máxima vulnerabilidad al haber contraído deudas que no tienen capacidad de saldar.

Y, por primera vez, esta nueva ley concursal incorpora al deudor persona natural, sea o no empresario, hecho que le permitirá solicitar la exoneración del pasivo insatisfecho. Y esto significará poder solicitar la exoneración de las deudas pendientes, en los términos y condiciones establecidos en esta ley, siempre que sea deudor de buena fe.

Tú no puedes operar como el resto de ciudadanos y te vas endeudando para sustentar a la familia

Francisco fue una de las numerosas víctimas que se vieron empujadas a la cuneta social en los años de la crisis financiera, como muchas familias más que en ese entonces no fueron socorridas por nadie.

Han pasado más de 10 años y en todo este tiempo, Francisco ha tenido que endeudarse para sobrevivir él y su familia. Es el pez que se muerde la cola. Tú no puedes operar como el resto de ciudadanos y te vas endeudando para sustentar a la familia y estas deudas se van haciendo una bola que al final te ahogan.

Hoy, Francisco tiene la oportunidad de revertir esta situación. Esta ley concursal prevé un procedimiento para acabar con lo que ha sido un lastre para muchos vecinos y vecinas de nuestros pueblos y ciudades. Una situación que no les ha permitido forjar un proyecto de vida propio. Los que han tenido suerte, y seguramente gracias a sus familias, han podido cubrir las necesidades más elementales. En cambio, otras se encuentran en el ostracismo social, más allá de la cuneta.

Una segunda oportunidad que no es solo individual sino colectiva a nivel económico, social y laboral

Esta ley configura un procedimiento de segunda oportunidad más eficaz, ampliando la relación de deudas exonerables e introduciendo la posibilidad de exoneración sin liquidación previa del patrimonio del deudor y con un plan de pagos, permitiendo así que este conserve su vivienda habitual, por ejemplo.

La crisis sanitaria nos ha demostrado que hay maneras y maneras de hacer frente a las crisis. Este proyecto de ley debe dar respuesta a su situación económica, porque Francisco y su familia y tantos otros merecen tener una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad que no es solo individual sino colectiva a nivel económico, social y laboral. Hay estudios económicos que lo corroboran.

Este es un gran avance en la protección del derecho de las personas jurídicas y también de las personas físicas, de los ciudadanos de a pie. También es un gran avance social poder hacer efectivo un nuevo derecho de ciudadanía.

Algunos, la derecha recalcitrante, hablarán de buenísimo, de papá Estado. Los y las socialistas hablamos de tener oportunidades. La ley concursal prevé procesos ágiles, garantistas y eficaces que permitan a muchas personas sacar la cabeza de un tormento diario como es el no poder dar calidad de vida a uno mismo y a los suyos.

Estos trabajos que estamos llevando a cabo en el Congreso de los Diputados junto a todos los actores, entidades públicas, privadas y profesionales del derecho, tienen un único objetivo: que nadie quede atrás.

Estamos hablando mejorar la vida de la gente, de la dignidad de Francisco y de muchas otras personas de nuestro país

Este es el compromiso permanente de los y las socialistas que en este caso se materializa en dar una segunda oportunidad a las personas que se han quedado desplazadas en su proyecto vital en un momento dado y que merecen la respuesta de los poderes públicos para trabajar por la efectividad de este derecho. Un derecho de ciudadanía que revierta de forma definitiva ese sufrimiento, esa situación de vivir en la cuneta social al que hacía referencia una compareciente en la comisión celebrada en el Congreso. En definitiva, estamos hablando mejorar la vida de la gente, de la dignidad de Francisco y de muchas otras personas de nuestro país.