Mercè Perea Diputada del PSC en el Congreso y portavoz de la Comisión del Pacto de Toledo del GPS
OPINIÓN

¡Con los derechos laborales no se juega!

. EFE/Enric Fontcuberta
La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz
Enric Fontcuberta / EFE
. EFE/Enric Fontcuberta

Faltan pocas horas para el debate de la convalidación del Real Decreto Ley 32/2021. Dicho así, la mayoría de la ciudadanía no sabrá a qué me refiero. En cambio sí si digo que en horas sabremos si continúa vigente la reforma del PP del 2012 que ha abocado a un mercado laboral con una temporalidad sangrante, con elevadas tasas de paro, salarios indignos e itinerarios laborales inciertos. O si, por el contrario, la derogamos y nos dirigimos hacia un mercado laboral que recupera derechos y salarios, recupera el equilibrio de fuerzas entre la patronal y sindicatos y empezamos a asemejarnos a países de la Unión Europea. Me estoy refiriendo a la reforma laboral aprobada recientemente por el Gobierno de España.

Con esta reforma este gobierno cumple con la ciudadanía y con Europa. El Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia aprobado por la UE es el camino trazado y esta reforma cumple con él. Somos el primer país en recibir los fondos europeos gracias a su cumplimiento.

Esta reforma revierte las debilidades de nuestro mercado laboral y pone fecha de caducidad a la sangrante tasa de temporalidad del mercado español, que es el doble que el de la Unión Europea. Porque sabemos que en momentos de crisis la temporalidad lleva a una gran destrucción de empleo, una lacra social y económica. Para muestra un botón: la reforma del 2012 del PP llevó a la mayor tasa de paro en 2013 desde el inicio de la crisis bancaria. ¿De qué hablamos si nos referimos a la temporalidad? Hablamos de más de 4,4 millones de personas trabajadoras.

El contrato indefinido como regla general otorgará estabilidad y expectativas de futuro a millones de personas; la nueva regulación para los trabajadores fijos-discontinuos que verán reconocida su antigüedad en la empresa y que les afectará en positivo en su futura pensión; o la prevalencia del convenio del sector afecta a un 1,5 millón de trabajadores subcontratados, la mayoría mujeres que se verán rescatadas de la cuneta de la precariedad. Estos son algunos ejemplos.

"Nos jugamos mucho. No sólo la credibilidad ante Europa, sino también el  futuro de muchas generaciones."

Esta es una buena reforma. Aún hay tiempo para recapacitar. Y pido disculpas si ofendo a alguien. No es de recibo oponerse a esta norma porque no cubre las expectativas de determinados grupos. Entonces, ¿en quién estamos pensando? ¿En el interés general o en el de un partido concreto? Decir que no se apoya por ser palanca de un proyecto político personal. Este motivo se descalifica por sí mismo.

Ante reformas de país la importancia radica, precisamente, en el gran avance colectivo que supone. No caben proyectos políticos que no pasen por el interés general. En ese caso, sólo cabe el consenso en los puntos comunes y acuerdos dirigidos al interés general. No es de recibo menospreciar el acuerdo de los interlocutores sociales con el Gobierno, máxime cuando éstos otorgan legitimidad y fortaleza a las reformas.

Con la convalidación del RDL 32/2021 nos jugamos la credibilidad frente a Europa. Y nos jugamos la credibilidad de la ciudadanía en nuestras instituciones. Porque, ¿cómo se entendería que las formaciones políticas derrotaran un acuerdo que busca revertir las debilidades del mercado laboral español?

La experiencia acumulada demuestra que en el diálogo social ha primado la defensa de los intereses generales y con ello refuerza de mayor eficacia las políticas públicas de las distintas administraciones. Le otorga mayor seguridad jurídica y estabilidad.

Y con esta reforma no se acaba el camino de logros y mejoras para los derechos de los trabajadores. Hay un compromiso firme de los actores sociales de revisarla periódicamente.

Los socialistas estamos convencidos que éste es un primer paso para mejorar la vida de millones de personas. Esta reforma cristaliza un cambio en la cultura política de este país, una forma de actuar distinta de los interlocutores en la que prima el interés general.

Nos jugamos mucho. No sólo la credibilidad ante Europa, sino también el presente y futuro de muchas generaciones. Las formaciones políticas que se resisten a apoyar esta reforma deberían reflexionar sobre que van a pensar los millones de personas a las que les afectará en el presente y en el futuro.

¡Con los derechos laborales no se juega!

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