Los planes de pensiones, tanto individuales como de empleo, tienen un patrimonio de 113.000 millones de euros y 7,5 partícipes, de los cuales 3 millones aportan anualmente.
El proyecto de Ley de Presupuestos para 2021 contiene dos medidas sobre planes de pensiones: una positiva, pero de implementación lenta (promoción pública de Fondos de Pensiones en las empresas), y otra muy negativa de efecto inmediato que reduce drásticamente (en un 75%) el límite de aportación anual a planes individuales (de 8.000 a 2.000 euros), y también reduce las aportaciones en favor de cónyuges.
Es necesario potenciar los planes para empresas con medidas de impulso fiscal o estableciendo un sistema de incorporación obligatoria de los trabajadores. Ninguna de las dos opciones se contempla en el Proyecto, por lo que teniendo en cuenta el escenario económico, pocos planes van a desarrollarse por parte de las empresas.
Las reducciones al límite de aportación anual de los planes Individuales deberían implementarse de forma gradual, y vinculada al desarrollo efectivo del sistema de empleo.
Si no se elevara ese importe mínimo a, por ejemplo, 4.000 euros, el 20% de los tres millones de partícipes que anualmente hacen aportaciones tendrían que reducir sustancialmente las mismas, sin poder compensarlas con aportaciones a los planes de empleo.
El tercer pilar sigue siendo necesario para todos los trabajadores cuya empresa no tenga constituido un plan de pensión de empleo, y en especial, para los autónomos, que no pueden acceder a un Plan de empleo, y representan el 16% de los trabajadores.
Los planes de empleo son complementarios y no son sustitutivos de los planes individuales
Los planes de empleo son complementarios y no son sustitutivos de los planes individuales, al menos hasta que los primeros tengan una cobertura de la práctica totalidad de trabajadores y empresas.
Los planes de pensiones prestan apoyo a familias: cada año complementan la jubilación de 400.000 familias con 4.300 millones de euros, y les dan liquidez en situaciones de crisis (en los últimos 10 años han pagado 3.760 millones de euros a 693.000 hogares por desempleo o enfermedad grave), y 50.000 familias han rescatado en 2020 su dinero para afrontar los efectos del COVID-19); a las empresas españolas (46.000 millones de euros invertidos en compañías españolas); y a la sociedad en general (invierten 58.700 millones de euros en empresas comprometidas con la sostenibilidad).
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