Aunque a todos preocupa la despoblación rural, lo cierto es que vivimos en una sociedad urbana. La ciudad es hoy un importante fenómeno político y prestacional, porque en ella surgen y por ella se atienden las carencias colectivas más inmediatas: vivienda, calles, suministros, comercio, seguridad.
Los problemas de las ciudades son geográficos, sociológicos, económicos y políticos, pero también jurídicos, es decir, de asignación de derechos y deberes. La ciudad es un producto turístico donde se promocionan festejos, pero a la vez se limitan las viviendas turísticas.
Es un centro "prosumidor" de recursos y servicios tales como la energía o los macrodatos con valor comercial, lo que da pie a usos alternativos de las instalaciones y redes municipales.
Es un hábitat donde se impone lograr la sostenibilidad energética y adaptarse al cambio climático. Es un ágora donde se ejercen derechos (residencia, circulación, movilidad, expresión ideológica y cultural, emprendimiento y comercio) y a la vez un objeto de derechos (el "derecho a la ciudad" acuñado por Lefebvre en 1968).
La participación vecinal en el gobierno local, la modernización de infraestructuras y espacios urbanos, la constante recreación de la cartera de servicios públicos urbanos… ocuparán a la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo en su ya XV congreso anual a principios de febrero en Ibiza. Allí debatiremos cómo el Derecho y las instituciones públicas afrontan, regulan y gestionan las transformaciones y retos que plantea nuestra convivencia en unas ciudades inteligentes, abiertas e inclusivas, serviciales y sostenibles.
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