La condena por sedición contra los líderes independentistas dictada por el Tribunal Supremo pesaba como una losa sobre el mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero en el juicio celebrado en la Audiencia Nacional (AN). Su absolución parecía improbable porque en la sentencia del procés se afirma que la policía autonómica tuvo un papel pasivo ante el referéndum ilegal y, por tanto, se esperaba que la condena fuera cuanto menos por desobediencia. Sin embargo, no ha sido así y la absolución de Trapero, junto al resto de los acusados, supone una sorpresa mayúscula, pero también la demostración de que la justicia dictamina solo en base a hechos probados.

En el Supremo no se juzgó la actuación de los Mossos, y sus mandos acudieron en calidad de testigos, no de imputados. Desmintieron en los interrogatorios cualquier implicación con el plan secesionista y revelaron el contenido de algunos encuentros con Puigdemont, Junqueras y Forn en relación al riesgo de violencia el día 1 de octubre que puso en evidencia la irresponsabilidad de esos políticos.

"Aunque los separatistas siempre intenten caer de pie, no tienen razones para estar contentos"

La duda era si Trapero había colaborado de forma pasiva, dejando hacer, que fue la impresión que muchos tuvimos entonces. La sentencia, que ha dividido al tribunal con un voto particular que sostiene la tesis acusatoria de la Fiscalía, afirma taxativamente que no. Sus argumentos a favor de la inocencia son muy sólidos y hay que darlos por buenos, aunque no dejemos de pensar como dice Enric Millo, delegado del Gobierno en Cataluña en 2017, que "Trapero decidió obedecer a Dios y al diablo y le han dado la razón, ha sido muy astuto". Es una conjetura interesante pero que no se ha podido demostrar, y eso al fin y al cabo es lo que cuenta.

Lo que sí pone de manifiesto la AN es que el Gobierno de Rajoy tenía a su alcance mecanismos constitucionales suficientes para frenar el referéndum. Hubiera podido aplicar la ley de seguridad nacional para tomar el control de los Mossos, decretar el estado de excepción o aplicar el artículo 155 tras los infames plenos del Parlament del 6 y 7 de septiembre. Pero optó por no hacer nada y dejar que fuera la Fiscalía quien actuara o los jueces, como ocurrió con la contradictoria resolución que dictó la magistrada Armas del TSJC tres días antes del 1-O, origen de la polémica sobre la actuación de los cuerpos policiales. Ahora el Govern se plantea restituir a Trapero de su cargo, mientras en ERC y JxCaT celebran la sentencia como una victoria frente a un Estado vengativo. Sin embargo, deberían recordar que Trapero en el juicio calificó a los líderes del procés de "irresponsables" y se prestó voluntario para detenerlos. Aunque los separatistas siempre intenten caer de pie, no tienen razones para estar contentos.