La pandemia que estamos sufriendo ha añadido nuevos argumentos a favor de reformar la Constitución. El varapalo que han recibido los sucesivos estados de alarma por parte del Alto Tribunal, aunque cuestionables, evidencia en cualquier caso la necesidad de su adecuación para afrontar emergencias de salud pública inimaginables en 1978. O imagínense, por ejemplo, si tuviéramos que plantearnos de verdad hacer obligatoria la vacunación en España, una medida cuya constitucionalidad también presentaría dudas. Afortunadamente este es un debate prescindible porque a ese pequeño porcentaje de compatriotas que se resisten a ser solidarios se les está empujando a vacunarse mediante el pasaporte Covid. Pero la pandemia ha puesto de manifiesto otros problemas más generales, principalmente la ambigüedad en la atribución de competencias y la falta de mecanismos de coordinación entre las Comunidades Autónomas, agentes imprescindibles del sistema político, y el Gobierno central, que debería funcionar como "autoridad federal", con la misión de garantizar tanto la igualdad de derechos de todos los españoles, como la eficacia global de la acción política.

La Constitución cumple 43 años con el debate sobre su reforma pendiente pero sin cambios de calado a la vista

Por desgracia la polarización que sufrimos imposibilita llevar a cabo la reforma constitucional que necesitamos. La Asociación por una España Federal, que preside el abogado y escritor Nicolás Sartorius, acierta al afirmar que, si bien no es posible acometer ahora mismo esa cambio, se puede federalizar el modelo territorial sin cambiar la Carta Magna. En realidad ya se está haciendo. Tanto la Conferencia de Presidentes, como las conferencias sectoriales, han jugado un papel relevante en la pandemia y son instrumentos propios de los Estados federales, cuyo funcionamiento debe mejorar. A su lado tenemos fenómenos nuevos que empujan la necesidad de completar el modelo territorial. Novedosa ha sido la reunión mantenida hace unos días entre ocho presidentes regionales de partidos diferentes para consensuar un documento sobre financiación autonómica al margen de otras diferencias políticas. Por otra lado, las nuevas plataformas electorales que quieren representar la España vaciada son el reflejo de que el Senado no funciona como cámara territorial.

En realidad, no debería ser tan difícil ponerse de acuerdo en una reforma constitucional de amplio consenso que diese una solución federal a todos los desajustes existentes, que evitase sobre todo el peligro de la disgregación y la atomización del sistema institucional. Porque como afirma Sartorius, "el federalismo no es de derechas ni de izquierdas, sino la evolución natural y necesaria de lo que se acordó en 1978". La identidad del modelo territorial español es el federalismo, aunque muchos no lo sepan.