Este lunes se cumplen 43 años del día en el que la ciudadanía española, por amplísima mayoría, dio su aprobación a la Constitución. Desde aquel 6 de diciembre de 1978, España ha experimentado un enorme cambio social, político y económico, y ya lleva más años en democracia que los que duró la dictadura de Francisco Franco tras el golpe de Estado de 1936. La Carta Magna se ha mantenido prácticamente sin modificaciones desde su puesta en marcha. Y, al menos en el corto plazo, no parece que vayan a aprobarse cambios de calado en el texto.

La falta de consenso a la hora de realizar enmiendas a la Constitución ha paralizado cualquier cambio pese al amplio debate que, en los últimos años, ha existido sobre la necesidad de realizar pequeñas actualizaciones en la norma, especialmente a raíz del cambio a un sistema multipartidista en 2015. Pese a que existen cuestiones que generan un amplio consenso, como la eliminación de la primacía del varón sobre la mujer en la Jefatura del Estado o la inclusión de la pertenencia de España a la UE, los principales partidos no se ponen de acuerdo al respecto para abrir el melón: mientras algunos como el PP defienden que no es conveniente abordar ninguna reforma de la Carta Magna, otros como Unidas Podemos plantean una amplia batería de cambios.

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Tanto es así que, de hecho, la Constitución solo ha sido reformada dos veces en sus largos 43 años de vigencia. La primera de esas modificaciones tuvo lugar en 1992, contó con el apoyo de la práctica unanimidad de las Cortes y sirvió para otorgar el derecho de sufragio pasivo a los residentes extranjeros en España en las elecciones municipales, un requisito indispensable para que España firmase el Tratado de Maastricht. La segunda de las reformas se produjo en 2011 y fue mucho más controvertida, ya que estableció como "prioridad absoluta" del Estado el pago de la deuda frente a otros gastos en el artículo 135 de la Constitución.

Este cambio contó con el apoyo de PSOE y PP, que entonces contaban con una amplísima mayoría del Congreso, pero generó una amplia contestación de grupos de izquierda. No obstante, ninguna de las pequeñas formaciones opositoras reunía los escaños suficientes para forzar un referéndum para ratificar esa reforma constitucional, una consulta que tampoco se produjo en 1992. 

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Desde esa segunda reforma, hace diez años, la Constitución se ha mantenido inalterada, aunque eso podría cambiar pronto, ya que el Congreso se encuentra tramitando una reforma puntual del artículo 49 para sustituir el término "disminuidos" por "personas con discapacidad". El pasado 30 de septiembre, la Cámara Baja rechazó los intentos de PP y Vox de tumbar esta reforma antes de que comenzara siquiera a discutirse, si bien ambas formaciones cuentan con diputados suficientes para impedir la reforma -que requiere una mayoría de tres quintos del Congreso- si ninguno de los dos cambia de idea.

PSOE

Más allá de esa reforma del artículo 49, promovida por el Gobierno, el PSOE incluyó en el programa de las últimas elecciones generales varias propuestas de reforma de la Constitución. Los socialistas, por ejemplo, proponían en su programa el "blindaje en la Constitución del sistema público de servicios sociales", así como de las "pensiones públicas". 

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Sin embargo, parece muy complicado que el melón constitucional se abra al menos en lo referente a esta segunda propuesta, toda vez que la primera parte de la reforma de las pensiones está a punto de aprobarse sin que en ningún momento se haya planteado una reforma constitucional que la acompañe. Y tampoco parece probable, pese a que está incluido en el programa del PSOE, que haya un "refuerzo del artículo 45 de la Constitución", el que establece el deber de conservar el medio ambiente, ya que la ley de cambio climático ya fue aprobada sin referencias a esta modificación.

PP

El PP, por el contrario, es muy claro: a su juicio, la Constitución no requiere ningún cambio, ni siquiera el relativo a los discapacitados que se está tramitando ahora mismo. El programa electoral con el que los populares se presentaron a las generales no recoge ninguna propuesta de modificación constitucional y, hace unos días, su presidente, Pablo Casado, rechazó tajantemente apoyar cualquier reforma.

"El acuerdo de todos solo se puede cambiar por el acuerdo de todos", planteó Casado, lo que implica que la negativa del PP a aprobar cambios en la Constitución debe bloquear su reforma. El líder popular, además, considera que este es el peor momento para emprender una reforma constitucional porque el Gobierno, afirmó hace unos días, está arrojando "sombras sobre nuestra democracia" con el proyecto de ley de memoria democrática. Un texto que, dijo Casado, tiene como propósito justificar cambios "sin contar con el PP y con la parte de España a la que representa".

Vox

La formación que lidera Santiago Abascal no recoge expresamente en su programa ninguna propuesta de modificación de la Constitución. No obstante, algunas de las medidas que plantea dicho programa para las elecciones generales necesitarían indefectiblemente una reforma de la Carta Magna para poder ponerse en marcha.

Es el caso, por ejemplo, de la supresión de las autonomías, por la que Vox aboga para "transformar el Estado autonómico en un Estado de Derecho unitario" y tener "un solo gobierno y un solo parlamento para toda España". Eso es así porque el artículo 137 de la Constitución establece que "el Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las comunidades autónomas que se constituyan", lo que supone que, para disolver las ya existentes, haría falta eliminar ese precepto.

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El programa de Vox también incluye entre sus medidas la "supresión del Tribunal Constitucional" y que sus funciones pasen a ser asumidas por "una sala sexta del Tribunal Supremo". Eso, no obstante, también requeriría una reforma constitucional, dado que el título noveno de la Carta Magna está dedicado expresamente a esta institución, a la que se le reconoce "jurisdicción en todo el territorio español" y de la que se establecen expresamente sus competencias.

Unidas Podemos

La coalición morada es una de las formaciones que más crítica se ha mostrado con la Constitución, si bien en los últimos años han modulado su oposición y han reivindicado los artículos sociales de la Carta Magna. En cualquier caso, Unidas Podemos incluyó en su programa de 2019 varias propuestas de reforma para la norma, entre las cuales quizá la más importante sea la derogación de la actual redacción del artículo 135, el que desde 2011 prioriza el pago de la deuda sobre cualquier otro gasto del Estado.

Los morados, además, apuestan por "blindar en la Constitución el derecho a la vivienda como derecho fundamental", ya que actualmente se encuentra reconocido en uno de los artículos sin protección especial. Otra de sus propuestas es "constitucionalizar de verdad la soberanía popular", lo que implicaría facilitar en la Carta Magna la presentación de iniciativas legislativas populares o establecer un mecanismo de referéndum obligatorios para "asuntos muy relevantes, como la entrada de España en operaciones militares". 

En este sentido, Unidas Podemos también propone incluir en la Constitución un mecanismo de revocación del Gobierno. Los morados detallan en su programa que, con esta herramienta, "cuando el 15 % del censo electoral entendiera que el Gobierno le ha dado la espalda, podría iniciar un proceso revocatorio que terminaría con un referéndum en que se decidiría de manera vinculante si quien ocupa la presidencia del Gobierno debe dimitir y convocar nuevas elecciones".

Ciudadanos

En su programa electoral, Cs plantea la necesidad de aprobar una "reforma exprés" de la Constitución "para suprimir los aforamientos políticos de los que disfrutan los diputados y senadores, así como el presidente y los miembros del Gobierno de España", que provocan que sean juzgados por el Tribunal Supremo cuando son acusados de un delito. Además, los naranjas proponen suprimir las diputaciones provinciales y también la posibilidad, recogida en la Carta Magna, de que Euskadi y Navarra se conviertan en una sola comunidad autónoma.

No obstante, el portavoz de Cs en el Congreso, Edmundo Bal, asegura en declaraciones a este medio que "no es oportuno" abrir ahora mismo una reforma constitucional profunda por las posiciones que mantienen Vox y Unidas Podemos, que apuestan por modificar asuntos clave de la Carta Magna como el Estado autonómico -en el caso del partido de Santiago Abascal- o la monarquía -en el caso de la formación morada-. 

"La Constitución está muy vigente porque es muy moderna y avanzada, pero sí se podrían cambiar algunas cosas que igual se han quedado algo desfasadas", plantea Bal, que sin embargo sostiene que esas eventuales reformas "no son de una relevancia suficiente como para abrir el melón cuando hay fuerzas políticas que quieren revivir los fantasmas del pasado". Entre esas reformas que al portavoz de Cs le gustaría abordar en otras circunstancias se encuentran la sustitución de la actual circunscripción provincial en las elecciones por una circunscripción nacional, la desaparición de la primacía del varón a la hora de heredar la Corona o "una reforma del Senado para que sea una verdadera cámara de representación territorial".