Desde 1975 la población de Madrid ha crecido un 73% mientras que en toda la provincia de Soria lo ha hecho solamente un 23%. Este es un ejemplo del desequilibrio demográfico de España y de cómo amplias zonas rurales se van incorporando a la nómina de lo que hemos dado en llamar la España vaciada.

Las cifras hablan por sí solas. De los 8.131 municipios que hay en España, 5.005 tienen menos de 1.000 habitantes. Y de estas más de cinco mil poblaciones, nada menos que el 80% cuentan con menos de 500 de acuerdo al estudio del INE Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero en España; o, lo que es lo mismo, casi 730.000 personas viven en poblaciones que no siempre tienen un centro médico, un instituto o un supermercado, pero a las que sí llega un autobús. De acuerdo con el último estudio de Confebus y KPMG, en España no hay prácticamente ningún núcleo de población con más de 50 habitantes que no sea atendido por una línea de autobuses con horarios, itinerarios y frecuencias establecidos.

"Casi 730.000 personas viven en poblaciones que no siempre tienen un centro médico, un instituto o un supermercado, pero a las que sí llega un autobús"

Esto se debe a que en España disfrutamos de una amplia red de servicios de transporte regular, articulado a través de un sistema de contratos de servicio público gestionado por medio de concesiones basadas en la competencia regulada y que, gracias a su gran capilaridad, cubre prácticamente la totalidad el territorio.

El actual modelo concesional ha demostrado que es eficaz para garantizar la movilidad de millones de personas y es clave para atender la movilidad de colectivos con mayor dificultad de acceso al transporte y, especialmente, de los habitantes de la España rural; por lo tanto, el transporte por carretera cumple una función esencial para la cohesión social y territorial.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en su diseño de la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada, es ambicioso en su visión: “hacer de la movilidad un derecho, un elemento de cohesión social y de crecimiento”.

Si pensamos en la movilidad como un derecho, igual que lo es la educación o la sanidad, independientemente del lugar de residencia, el autobús siempre está ahí para garantizar el acceso a los servicios públicos esenciales localizados en las cabeceras de comarca o en capitales de provincia. Este derecho no puede ser cuestión del número de habitantes, bien al contrario, la conectividad física y digital de la España rural es indispensable en el cambio de paradigma que promueve el Ministerio.

A diferencia de otros modelos implantados en Europa, en los que los operadores han abandonado las conexiones rurales y entre pequeñas poblaciones por su falta de rentabilidad, el sistema español tiene la enorme virtud de garantizar la cohesión territorial de nuestro país y el derecho a la movilidad de todos sus habitantes.

"El transporte de viajeros por carretera también genera evidentes beneficios medioambientales en ese proceso de conectar a las personas"

Por otra parte, el transporte de viajeros por carretera también genera evidentes beneficios medioambientales en ese proceso de conectar a las personas: reduce las emisiones y otras externalidades negativas del vehículo privado. En este contexto, el fomento del transporte público como apoyo a la España rural es indispensable. La concienciación ciudadana sobre la importancia de utilizar al mínimo el vehículo propio cada vez es mayor, y necesita ir acompañada de programas de financiación con criterios estables, predecibles y proporcionales para la modernización del transporte público en las autonomías, para que pueda resolver las necesidades y ofrecer soluciones de movilidad atractivas para una gran mayoría de ciudadanos.

En este sentido, resulta muy acertada la visión recogida en la estrategia de movilidad del MITMA, que propugna una nueva política de movilidad en áreas rurales donde el tren era el protagonista en el pasado, y en las que el Estado invierte cada año 970 millones en compensar las Obligaciones de Servicio Público, apostando por conexiones en autobús en la mayoría de los casos mucho más eficientes.

Así, por ejemplo, la implantación de servicios de autobús bajo demanda para zonas despobladas, que ya han puesto en marcha alguna comunidad autónoma como Galicia, se revela como una figura con potencial para dar cobertura al derecho a la movilidad de los habitantes de la España rural.

La movilidad va más allá de poder ir de un sitio a otro: es un elemento clave en el desarrollo social y económico de nuestro país. Por ello, el autobús cumple una función social esencial no solo en las grandes urbes, sino también como garantía de la movilidad en la España vaciada.