Dos mil veinte ha arrancado con buenos deseos pero sobre todo con frustraciones. Quienes esperaban un incremento de las pensiones o los salarios que perciben tendrán que esperar. La cuesta de enero, que siempre suele ser empinada, esta vez habrá que subirla con bastones de trekking. Los aumentos de ingresos que se venían soñando, para más adelante. Queda el consuelo de que dentro de unas semanas se cobrarán juntos convertidos en una paguilla extra que, llegado el momento, será recibida como agua de mayo. Esperemos.

Son unos trece millones las personas que en estos primeros días del año tendrán congelados sus ingresos, a pesar de que la información económica no para de lanzar el señuelo de que la amenaza de una nueva crisis ha pasado y la economía ha vuelto a la senda de la recuperación. Pero los augurios no contaban con las dificultades generadas por la demora en la formación del Gobierno ni con el encogimiento de hombros de los políticos viendo cómo pasaban los días sin inmutarse ante las necesidades de las familias.

Mal de muchos no consuela a nadie, a pesar de lo que suele afirmarse. Y las consecuencias de estar tantos meses con un Gobierno en funciones no han afectado solo a la parte más sensible de la sociedad: también a las empresas, a las instituciones y a los servicios cuyas prestaciones se vienen deteriorando como consecuencia de los retrasos en las transferencias y la sensación de impotencia que se ha creado.

La crisis política no será gratuita para los ciudadanos. Todos de una forma u otra pagaremos las consecuencias, aunque sea con carácter retroactivo.