La "buena voluntad" de los caseros no es una garantía

Alejandra Jacinto  Abogada y politóloga
Imagen de un piso de alquiler en España.
Imagen de un piso de alquiler en España.
EUROPA PRESS

La situación de emergencia sanitaria provocada por el Covid-19 está ya generando consecuencias económicas devastadoras para cientos de miles de personas; despidos, ERTE, reducción de ingresos, ceses de actividad o verdaderas dificultades para hacer frente al pago de la hipoteca, el alquiler o los suministros básicos.

En este sentido, el Gobierno ha aprobado un Real Decreto de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19 para tratar de paliar el impacto económico de esta nueva crisis que se cierne sobre los hombros de las familias trabajadoras.

Las medidas aprobadas apuntan en la buena dirección, son sumamente necesarias pero todavía totalmente insuficientes para garantizar unos mínimos estándares de bienestar a la población, al menos en materia de vivienda.

Se ha aprobado una “ moratoria en el pago de la cuota hipotecaria” para aquellas personas que se encuentren en situación de desempleo o en el caso de empresarios y profesionales vean reducidos sus ingresos en un 40%. 

Sin embargo, esta moratoria no supone una condonación o una exoneración de la cuota hipotecaria para los deudores hipotecarios que vean reducidos sus ingresos, si no un mero aplazamiento en el pago de la cuota hipotecaria. La banca no pierde, solo difiere su cobro. 

Sería de justicia que la banca se corresponsabilizara con esta situación

Sería de justicia que la banca se corresponsabilizara con esta situación y asumiera pérdidas al igual que vamos a tener a asumirlas cientos de miles de personas.

Pero la gran ausencia la encontramos en las medidas destinadas a las personas que viven de alquiler. No se ha incluido ni una sola medida que exonere a los inquilinos que vean reducidos sus ingresos, del pago de sus alquileres.

Por el momento, desde el Gobierno se ha apelado a “la buena voluntad” de los caseros para llegar a acuerdos de exoneración o reducción de pago de la renta. No parece muy garantista encomendar a la población al buen hacer de fondos buitre como Blackstone, el mayor casero de nuestro país.

El Gobierno tiene ahora la oportunidad de profundizar en la línea que acaba de emprender con este paquete de medidas y demostrar que esta crisis no la volverán a pagar, otra vez, los mismos de siempre. Para ello es necesario apostar, sin titubeos ni dilación, por un verdadero Plan de Choque Social.

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