La ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, negó el martes en el Senado que el Gobierno haya intentado "desactivar" la investigación judicial abierta en la Audiencia Nacional desde 2005 sobre el asesinato de nueve españoles en Ruanda y Congo entre 1994 y 2000. Las revelaciones hechas por 20minutos.es a partir de varios cables secretos de Wikileaks evidenciaron que el Gobierno no apoyaba la causa y que prefería su deriva a un tribunal internacional. La ministra calificó esta información de "inexacta y no contrastada" y aseguró que tiene "muy presente" el caso.

"Bajo ningún concepto estoy dispuesta a aceptar las acusaciones que está formulando". Jiménez contestó de esta manera en la sesión de control a una pregunta del representante del Partido Socialista de Mallorca-Entesa Nacionalista, Pere Sampol, que atribuía al Ejecutivo una "voluntad de no colaborar con el auto judicial del magistrado Andreu", que procesó en 2008 a 40 miembros de la cúpula político militar ruandesa por, entre otros delitos, genocidio, lesa humanidad y terrorismo, pidiendo su detención mediante órdenes internacionales.

La ministra mostró su "sorpresa" por la poca "rigurosidad" del senador, adscrito al Grupo Mixto, al plantear en la Cámara Alta una supuesta "conspiración" al más alto nivel dando crédito a "informaciones no contrastadas que son de parte e inexactas" y que han sido publicadas en "determinados diarios", en alusión a 20minutos.es.

Entre los datos revelados por los cables de Wikileaks se encuentran las palabras de un alto cargo de Exteriores, que dijo a diplomáticos de EE UU que el Ejecutivo "no apoyaba" la causa, que ésta no tenía nada que ver con su política exterior y que algunas medidas adoptadas por el juez le parecían "inútiles". Por otro lado una fiscal de la Audiencia Nacional aseguró al asesor legal de la Embajada estadounidense que la causa fue investigada y tramitada sólo "para satisfacer a las familias" y que su departamento no iba a ir "más allá".

Este diario habló con la Fiscalía General del Estado y recibió como respuesta una negativa a comentar los hechos. También consultó con fuentes de la Audiencia Nacional, expertos juristas, familiares de las víctimas y la organización responsable de la querella, el Forum Internacional para la Verdad y la Justicia en el África de los Grandes Lagos, entre otros. Hasta el momento, nadie ha negado lo publicado.

Más bien al contrario: la información provocó una rueda de prensa de la plataforma de organizaciones Basta de impunidad en Ruanda y la remisión de una carta al presidente sudafricano, Jacob Zuma, solicitando la atención de su Gobierno a la petición de extradición de uno de los acusados cursada en 2010 por España.

La ministra de Exteriores aseguró en el Senado que "no es apropiado ni proporcionado poner en duda el compromiso de las autoridades españolas con los derechos humanos, con la resolución de conflictos internacionales y con la justicia internacional" y le dijo a Sampol que"va a recibir información rigurosa" del caso por parte del Gobierno cuando así la requiera; es más, explicó que el senador ha sido informado varias veces de este asunto a través "de varios canales".

Sampol ha explicado a 20minutos.es que ha formulado "tres o cuatro preguntas" a varios miembros del Gobierno -al exministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos y a los secretados de Estado de Exteriores y Justicia- en el pleno del Senado y en la comisión correspondiente de la Cámara y que ha remitido preguntas escritas a los ministerios de Interior, Exteriores y Justicia sobre este asunto. Las respuestas recibidas, en todos los casos, sólo contenían, según el senador, "vaguedades".

La pregunta realizada a Jiménez en la sesión de control es la primera que Sampol dirige a la ministra sobre el proceso de Ruanda. Tras el debate, el senador se acercó a su escaño y le insistió en que no le había ofrecido una respuesta sobre si el Gobierno ha tramitado o no una comisión rogatoria del magistrado Andreu, de febrero de 2009, dirigida al secretario general de las Naciones Unidas por la que solicita tres informes que contienen "las pruebas de los crímenes y del pillaje cometidos por el  Frente Patriótico Ruandés de Paul Kagame en el este del Congo". La ministra terminó reconociendo que desconocía esta información.

Por último, Trinidad Jiménez resaltó durante sus respuestas la independencia de los tribunales españoles -"Tenemos que dejar que los jueces hagan su trabajo"- y señaló que el papel y la responsabilidad del Gobierno no pueden ser otros que los de respetar las decisiones de la Justicia y prestar "todo el apoyo" que ésta necesite "en el ámbito internacional".

La ministra no se pronunció, en cambio, ni sobre la situación actual de la petición de extradición ni sobre la razón por la que el presidente Zapatero aún no ha recibido a las familias de las víctimas, como denunció el senador Sampol en su réplica. El senador se quejó también de que Interpol "no haya cumplido las órdenes de arresto dictadas por el tribunal", aunque destacó algunos "gestos" del Gobierno, como el de el presidente español de no reunirse con Kagame durante su visita a Madrid el pasado mes de julio.