Los trabajadores que hayan sido despedidos al final de su vida laboral podrán ampliar el período de cómputo para calcular su pensión más allá de los 25 años que estipula la reforma de las pensiones, para "evitar perjuicios" por la reducción de sus bases de cotización durante su inactividad.

De esta forma consta en el documento del pacto económico y socialque este miércoles ratificarán Gobierno y agentes sociales en La Moncloa sobre la reforma de las pensiones y que señala que por ley dicho período de cómputo pasará de los 15 años actuales a 25. El texto también prevé otras medidas como la creación de un fondo de capitalización de despido y ayudas a los parados por 400 euros.

El documento del acuerdo también detalla los incentivos a la prolongación voluntaria de la vida laboral más allá de los 65 o de los 67 años dependiendo de las carreras de cotización.

De esta manera si el trabajador quiere seguir en activo después de los 67 años y ha cotizado menos de 25, la bonificación anual será del 2 %, mientras que si ha cotizado entre 25 y 37 años el incentivo aumenta al 2,75 %.

Para los trabajadores que al llegar tanto a los 65 como a los 67 años ya hayan completado su carrera de cotizaciones el incentivo será del 4 %.

Además, la reforma no descarta la integración del Régimen Especial de Empleados del Hogar en el General y añade que se revisará durante la tramitación parlamentaria de la reforma.

Finalmente, el texto no fija una única edad legal exclusiva de jubilación sino que puntualiza que la jubilación por ley se sitúa en "un intervalo" entre los 63 y los 67 años, vinculando la jubilación a los 65 años a carreras de cotización de 38,5 años y la de los 67 a carreras de 37 años, para poder acceder a la pensión íntegra.

Asimismo, indica que la jubilación anticipada se fija en los 63 años y en los 61 cuando se produzcan situaciones de crisis.

No obstante el documento reafirma que estas condiciones de jubilación anticipada no afectarán a las personas que hayan suspendido su relación laboral antes de la firma del acuerdo.

Por otra parte, el Gobierno y los agentes sociales estudiarán la posibilidad de elaborar una nueva regulación del trabajo a tiempo parcial, que incluya, entre otros aspectos, el de mejorar su protección social.

El documento, además de detallar el plan de choque para fomentar el empleo entre los jóvenes con bonificaciones a las cuotas que pagan los empresarios, especifica la ayuda de unos 400 euros para los desempleados sin protección que accedan a formación y tengan rentas bajas.

El pacto establece una reducción de las cuotas empresariales a la Seguridad Social para las empresas que creen puestos de trabajo a tiempo parcial durante el primer año de vigencia del contrato, con una jornada que oscile entre el 50 % y el 75 % de la habitual.

Aunque la medida tendrá una duración de un año desde su aprobación, el acuerdo alcanzado este lunes no descarta la prórroga de su aplicación ya que contempla que a los seis meses los firmantes del acuerdo procederán a una evaluación del impacto que ha tenido.

El acuerdo también contempla estímulos para las empresas que conviertan esos contratos parciales en indefinidos.

Asimismo, dentro de las medidas coyunturales del acuerdo sobre políticas activas, el texto detalla la ayuda económica de unos 400 euros para las personas que hayan agotado su prestación por paro a partir del 16 de febrero y no cumplan los requisitos para acceder a la Renta Activa de Inserción.

Para poder recibir esta prestación que el acuerdo señala como un "derecho" los desempleados deberán hacer un itinerario personalizado de inserción y participar en medidas de política activa de empleo.

Estas personas podrán recibir una ayuda equivalente al 75 % del IPREM, unos 400 euros, hasta un máximo de 6 meses, cuando carezcan de rentas superiores al 75 % del Salario Mínimo Interprofesional, que para 2011 es de 641,4 euros al mes.

El acuerdo también prevé que el Gobierno aprobará antes del 18 de junio el proyecto de Ley que regulará la constitución del fondo de capitalización del despido -inspirado en el modelo austríaco y previsto en la reforma laboral-, previa consulta y negociación con la patronal y los sindicatos CC OO y UGT.

Los firmantes del pacto han acordado que el futuro fondo de capitalización no supondrá un incremento de las cotizaciones empresariales, pero el texto no aclara si el fondo se constituirá sólo con la aportación de las empresas o habrá también alguna aportación estatal.

De esta forma, los trabajadores contarán con un fondo que pueden utilizar en supuestos de despido, de movilidad geográfica, para el desarrollo de actividades de formación o en el momento de su jubilación.

El fondo se mantendrá a lo largo de toda la vida laboral del trabajador y por una cantidad equivalente a un número de días de salario por año trabajado por determinar.

Por su parte, los secretarios generales de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez, han valorado positivamente la nueva ayuda de 400 euros a los parados.

En una rueda de prensa sobre el nuevo pacto social con el Gobierno, Toxo estimó positivo el nuevo plan de ayudas "extraordinario" a personas que han agotado sus prestaciones contributivas y que tenga carácter de "derecho" para los desempleados que lo soliciten.

Asimismo, ambos dirigentes aseveraron que la huelga general del 29 de septiembre ha sido decisiva en el ánimo del Gobierno para abrirse a la negociación y poder conseguir este pacto social.

Para Méndez, "se diga lo que se diga, la huelga ha hecho mella en la posición del Gobierno".