El fiscal coordinador de seguridad vial, Bartolomé Vargas, ha asegurado que la reforma del Código Penal que ha entrado este jueves en vigor permitirá, según sus previsiones, decomisar en los próximos meses al menos dos mil vehículos a los conductores que cometan delitos contra la seguridad del tráfico.

Esta medida, que no afectará a los 1.500 conductores que están actualmente presos por una infracción de tráfico como principal delito, permitirá reducir en el futuro el número de personas que ingresen en prisión por delitos relacionados con la seguridad vial ya que, en determinados supuestos, podrá sustituir a la pena privativa de libertad.

Y la Fiscalía podrá pedir que se acuerde el decomiso en los casos de reincidencia plasmada en varias sentencias por delitos relacionados con excesos de velocidad, conducción con tasas superiores a las permitidas o bajo la influencia de drogas y por conducir sin permiso o sin puntos.

Así por ejemplo, la Fiscalía se plantea proponer que un conductor que haya ingresado en prisión en varias ocasiones por superar la tasa de alcoholemia no lo haga si ha vuelto a excederla, pero a cambio entregue su vehículo.

También podrá plantear el decomiso en los supuestos de un sólo delito de conducción bajo la influencia del alcohol y drogas por unas tasas muy elevadas, que conviertan al conductor en una "bomba suicida", según ha señalado Vargas, que ha añadido que además se pedirá esta medida si la velocidad alcanzada es de una extraordinaria gravedad que pueda producir un "intenso peligro".

Cuando se cometa un delito de conducción temeraria o con consciente desprecio a la vida, en las carreras ilegales, o en los supuestos de homicidio y lesiones imprudentes siempre se solicitará que se acuerde esta medida.

La manipulación de tacógrafos o la instalación de inhibidores de radar son también suficientes para este "juicio de peligrosidad", según Vargas, quien también ha dicho que se contemplará las circunstancias del infractor; así se tomará como indicio de una buena situación económica la propiedad de un vehículo de alta gama, que podrá ser decomisado.

"El coche -ha comentado Vargas- es velocidad generadora de conductas violentas; frente a esta relación criminógena con el automóvil, el decomiso contrarresta la significación simbólica. Es como decirle al conductor: 'pierde usted el vehículo, el próximo que compre debe ser un habitáculo de paz, convivencia y solidaridad".

Pero además esta reforma contempla algunos aspectos novedosos como que los fiscales puedan pedir que los presuntos homicidas al volante o los conductores que provoquen lesiones leves entreguen a sus víctimas los vehículos con los que se ha cometido la infracción.

Los representantes del Ministerio Público también podrán pedir, como medida cautelar, que los vehículos sean decomisados al inicio del procedimiento judicial y que queden en poder de la Administración o de una entidad privada para ser destinados a un uso "de interés público". Si luego es absuelto, se le devolverá.

Si se da el caso de que el delito lo comete una persona que no es dueña del coche, en principio, se intervendrá de forma preventiva y se llamará al dueño para que haga sus alegaciones; para devolverle el vehículo tendrá que demostrar buena fe y que el vehículo se ha adquirido de forma legal.

La Fiscalía se muestra satisfecha por el descenso del número de muertos en las carreteras, pero también está preocupada por el empeoramiento que se está detectando en los últimos meses en el comportamiento infractor de los conductores.

Actualmente, hay 998 conductores presos en las cárceles dependientes de Instituciones Penitenciarias por una infracción penal de tráfico como principal delito, un número que se suma a los 531 de las cárceles catalanas.

Y en 70 % de los mismos son reincidentes y por conducir sin permiso o superando la tasa de alcohol, una cuestión ésta última que ha obligado a abrir este año la mitad de los procedimientos iniciados por delitos contra la seguridad vial al alcanzar los 46.342.