El acuerdo al que han llegado Caja Madrid, Bancaja, las cajas Insular de Canarias, Ávila, Laietana, Segovia y Rioja fija las condiciones para acceder a una prejubilación, una baja indemnizada o una reducción de jornada, entre otras medidas con las que prevén reducir unos 3.800 empleos.

Según informan fuentes sindicales, el acuerdo no fija un objetivo concreto, aunque marca los requisitos para cumplir con la reducción de la plantilla de las siete cajas. La previsiones iniciales, fijaban el número de despidos en 3.400 personas.

En cuanto a las prejubilaciones, con las que se recibe el 95% del salario fijo, el acuerdo permite a los trabajadores que tengan 54 años al acabar 2010 solicitarla en los próximos sesenta días con la condición de acceder a ella antes de que acabe 2012.

Respecto a las bajas voluntarias, ofrece una indemnización de 45 días de salario por año de servicio, con lo que varía desde los 10.000 euros para los que tienen una antigüedad de hasta 5 años hasta un máximo de 30.000 euros para los que llevan más de dos décadas de servicios.

Además, el acuerdo recoge la posibilidad de reducir la jornada laboral a la mitad y con ello, el sueldo en la misma proporción o la opción de pedir una suspensión voluntaria de contrato por un mínimo de tres años, ampliables a cinco.

La amplia distribución de los empleados de las siete entidades y la previsible movilidad geográfica con el cierre de oficinas, ha hecho que también se acordase que los empleados tengan derecho a una indemnización siempre que haya más de 25 kilómetros desde su antiguo centro de trabajo hasta el nuevo.

Según una escala, la compensación anual irá desde 4.000 euros hasta 22.000 euros en el caso de que haya una distancia de más de 300 kilómetros o el desplazamiento sea desde las islas a la Península Ibérica.

Para afrontar el coste que supondrá estos ajustes de plantillas, el nuevo grupo, que prevé empezar a operar en enero de 2011 bajo un Sistema Institucional de Protección (SIP) que une los negocios de las siete cajas, cuenta con un préstamo con dinero público de 4.465 millones de euros.