El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha explicado que el Gobierno decretó el pasado sábado el Estado de Alarma tras las movilizaciones de los controladores aéreos por el "riesgo a que el conflicto se extendiera a todo el país". "No tolerar la situación" fue lo que les llevó a actuar, según ha confirmado en el Congreso, añadiendo que "las medidas adoptadas han dado resultado".

Es más, ha tildado dicha movilización de "acción deliberada y concertada para producir efectos dañiños para los ciudadanos y la economía de un país" y ha querido dejar claro que "lo que se juzga" en el parlamento "no es un conflicto laboral" sino el "desafío" de un colectivo que ha supuesto "el incumplimiento de las leyes del orden democrático", por eso se vio obligado a aplicar la Constitución.

El Gobierno "es muy consciente del carácter extraordinario" de la medida, que es "el estado menos incisivo de la democracia pero impone medidas de alto calado", ha dicho, por ello "agotó sus posibilidades de actuación". Los controladores, ha apostillado, actuaron "en abierta rebeldía creando alarma social" y causaron "una afrenta contra el orden público institucional"; fue una "calamidad pública".

Ha dicho, asimismo, que "la respuesta clara y contundente" del Gobierno "ha sido ponderada y valorada por los medios internacionales, neutralizando o aminorando al menos el impacto negativo causado por el caos aéreo provocado por el abandono de controladores". Esa respuesta, "ha dado resultado" y permitió la reapertura "en menos 24 horas" del espacio aéreo.

El riesgo "cierto" de un paro masivo, tal y como ocurrió, era, según el presidente, muy alto, ya que "circulaba entre los propios controladores" horas antes -ha citado los conflictos de Galicia y Canarias-. Por otro lado, ha explicado que el decreto aprobado en el último Consejo de Ministros, al contrario de lo que '"han querido interpretar los controladores", no regula "la jornada laboral, sino dentro de ella lo que se considera actividad aeronáutica y los límites máximos de la misma".

Zapatero ha confirmado que el Gobierno "intentó convencer" a los controladores de que abandonaran su actitud en dos reuniones con representantes del sindicato USCA, que concluyeron sin acuerdo porque como contrapartida se exigió que se retirara el decreto de organización de trabajo de los controladores aprobado en febrero.

Ha recordado el socialista que dicha norma fue impugnada por los controladores ante la Audiencia Nacional, un recurso rechazado de "manera terminante" a través de una de las "sentencias más contundentes" que se recuerdan, el pasado 10 de mayo, en la que se afirma que la intervención del legislador no sólo era obligada, "sino imprescindible" para corregir una situación "tan calamitosa" que ninguna Administración responsable "debe tolerar".

El convenio colectivo de los controladores, ha sentenciado, ha estado durante 20 años en "fraude de ley"; "nadie puede tomar como rehenes a los ciudadanos" para reivindicar mejoras o derechos laborales, ha añadido. Los controladores "tenían un convenio intolerable desde el punto de vista de la equidad", ha insistido Zapatero, acusándoles de realizar una "interpretación sesgada en su beneficio" de la ley.

Así, ha querido dejar claro que "con la regulación de las jornadas" planteada en los decretos del Gobierno "los controladores no van a trabajar más horas", sino que se reduce el número de horas extras que cobraban "al triple" de lo normal, un "privilegio" del que no gozan el resto de los trabajadores. "Cuando decides erradicar los privilegios las reacciones son como las que hemos vivido".

El jefe del Gobierno ha explicado que la declaración que realizó el ejecutivo estuvo "estrictamente limitada" al Estado de Alarma y que garantizaba "expresamente" los derechos de los trabajadores afectados; el ministerio de Fomento y AESA (Agencia Española de Seguridad Aréa), ha confirmado, han abierto 430 expedientes, entre laborales y disciplinarios, al margen de las actuaciones del ministerio Fiscal. Esto, concluyó, "no puede volver a repetirse".

Por su parte, el presidente del PP, Mariano Rajoy, ha dicho que su partido "respalda al Gobierno" en las medidas adoptadas y dice que las formas de los controladores "son intolerables". No obstante, ha reprochado al Gobierno el no ser capaz de pactar en los últimos años unas nuevas condiciones para el convenio colectivo de los controladores y no convocar nuevas plazas.

Según el popular, "no se han desarrollado los instrumentos que hubieran evitado lo ocurrido", por ejemplo, que los controladores militares puedan ejercer como los civiles en casos como este. Asimismo, ha criticado que el Gobierno "no se dedica a lo que se tiene que dedicar" y ha calificado a José Blanco de "inútil total" que tiene "grandes dosis de caradura porque siempre encuentra una excusa para no asumir sus responsabilidades".

"No seré yo quien diga esto del actual ministro, porque yo no soy así, pero sí exijo al presidente que ponga orden en ese ministerio", ha dicho, preguntando si fue "por imprevisión o imprudencia" que el Gobierno aprobara el decreto ley el pasado viernes -"¿A quién se le ocurrió?"-.

La declaración del Estado de Alarma, ha aseverado Rajoy, "es una proclamación de impotencia", y una medida muy "curiosa" para un Gobierno socialista. "Confío en que estas situaciones no se vuelvan a repetir", ha añadido, acusando al Zapatero de "no hacer nada" y recordándole sus problemas económicos, entre otras cosas. Tanto CiU como el PNV han apoyado también las medidas del Gobierno.

El presidente ofreció durante su réplica varios datos. Así, concretó que el ratio actual de operaciones anuales por controlador es de 708, un 8,8% menos que en 1999, con lo que quiso zanjar el argumento de la sobrecarga de trabajo y las "defensas injustificadas de quienes no han querido acatar la ley".

Además, dijo que el número de controladores ha crecido en proporción algo superior al aumento del tráfico aéreo y si en 1999 había 1.641 profesionales ahora son 2.418. Según Zapatero, con el decreto del pasado mes de agosto los controladores no van a trabajar más, pero sí dejan de cobrar como extraordinarias, al triple de lo normal, un gran número de horas, en concreto unas 600 adicionales a las 1.200 que se preveían anualmente.

Con la nueva regulación, dijo, se calculan 1.670 horas de trabajo anuales por controlador, ante lo que los controladores empezaron a computar como trabajadas horas de baja o permiso. Esta "interpretación sesgada" en el mes de diciembre hubiera provocado la inasistencia de sus puestos de trabajo del 39% de los controladores de la torre de Barajas, un 8% del centro de control de Canarias, un 65% en el de Palma de Mallorca y un 36% en el de Torrejón.

Zapatero ha realizado un relato de los hechos que llevaron el viernes pasado a un cierre del espacio aéreo español, que comenzaron con movilizaciones en Galicia y Canarias que culminaron con el "abandono súbito, masivo y simultáneo" de los puestos de trabajo por parte de los controladores, que alegaron "falta de capacidad física o psíquica" para el servicio.

Ha desvelado que el Ejecutivo mantendrá el estado de Alarma mientras sea necesario -se instauró por quince días- y que incluso pedirá su prórroga en función de la tranquilidad de los ciudadanos. Tras explicar que en esta crisis se han movilizado 190 militares y 2.000 agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad, sí ha anunciado que el ministro de Fomento, José Blanco, comparecerá en el Congreso el próximo 14 de diciembre.