La directora del centro de menores de Galapagar, que está siendo investigado por la Justicia por presuntos malos tratos, ha reconocido este miércoles durante su declaración que cuidadores sin título y sin ningún tipo de experiencia tienen potestad para inmovilizar a la fuerza a los chavales, así como que se prescriben fármacos a los chicos y se autorizan contenciones mecánicas con correas de sujeción con la autorización de un psiquiatra vía telefónica.

Elena M., actual directora del centro, ha comparecido este miércoles como imputada ante el juez de Instrucción número 7 de Collado Villalba, quien investiga cuatro denuncias presentadas por cuatro menores. Se le acusa de un delito de atentado contra la integridad moral, que supone el escalafón menor al delito de torturas.

En su declaración, la directora relató que a los educadores se les exige un título medio de prácticas sociales, mientras que los cuidadores no necesitan ni siquiera experiencia para trabajar en el centro. Tanto educadores como cuidadores tienen facultad de practicar una contención física a los chicos si así se requiere, torciéndoles el brazo para inmovilizarles.

La imputada señaló que en el mismo centro se da un curso de formación a los empleados sobre cómo actuar en el caso de contenciones físicas (inmovilizaciones), químicas (fármacos) y mecánicas (correas de sujeción). "Para la contención física, no hace falta la autorización de un médico o psiquiatra. Para la mecánica, es necesaria una autorización del psiquiatra que les ha tratado", expuso la directora, quien indicó que el visto bueno se puede dar por teléfono. El abogado de los menores, Endika Zulueta, aseguró que las contenciones tienen que hacerse en casos muy especiales y en presencia de un profesional. "No hablamos de menores con medidas judiciales, sino chicos que se encuentran en una situación de desprotección", reseñó.

Zulueta aseguró que no descarta solicitar la imputación de algún responsable de la Comunidad de Madrid, puesto que el centro depende de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales. La Comunidad de Madrid defiende que el sistema de sujeción se enmarca dentro de un protocolo homologado, algo que cuestiona el letrado.

El Juzgado de Instrucción número 7 de Collado Villalba investiga a este centro a tenor de una denuncias presentadas el pasado diciembre por dos chavales en las que se declaran víctimas y testigos de los abusos que los educadores del turno de tarde cometieron contra ellos y una quincena de menores. Entre los abusos, destacaban contenciones, agresiones, insultos o castigos injustificados, alegando el centro que se trataba de "medidas cautelares". Los denunciantes estuvieron ingresados hasta cumplir la mayoría de edad. "Los chicos están bien y contentos porque la denuncia haya salido adelante. Pero están preocupados por los compañeros que no han alcanzado la mayoría de edad", indicó una de las abogadas de los menores.