Los padres deberán ser informados de que sus hijas de entre 16 y 17 años se han sometido a un aborto salvo en el caso de que éstas aleguen "fundadamente" peligro de violencia dentro de la familia, amenazas, coacciones, malos tratos o una situación de desarraigo o desamparo.

La posibilidad de que las menores de 16 años abortasen sin consultar a sus padres ha sido uno de los puntos más polémicos de la propuesta y la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, anunció en el Congreso en noviembre que se trataría de buscar "un punto de equilibrio" entre los grupos parlamentarios sobre esta cuestión.

La "obligatoriedad" de informar a los padres, salvo en estas excepciones, permitió este jueves al PNV y al PSOE alcanzar un acuerdo en la Comisión de Igualdad, que votó a favor del proyecto de Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Durante la puesta en común de las enmiendas al texto, que llegará el jueves al Pleno del Congreso, PNV y CIU suscribieron finalmente la iniciativa al recogerse tanto la necesidad de informar a los tutores como la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios implicados en la interrupción del embarazo.

Este ejercicio, por el que médicos y enfermeras se podrán negar a practicar abortos, no podrá suponer un menoscabo del acceso y calidad asistencial de la práctica del aborto.

Protocolos para las excepciones

El diputado del PNV Joseba Aguirretxea explicó que cada sistema autonómico de salud decidirá los protocolos o reglamentos por los que se regirán las excepciones para no informar a los padres. Por su parte, la representante de CiU Mercé Pigem se abstuvo en la votación de este punto.

El proyecto de ley ha superado su paso por la Comisión de Igualdad al sumar al texto socialista enmiendas de seis grupos parlamentarios, con 21 votos a favor, 16 en contra y 1 abstención.

La diputada socialista Carmén Montón, quien señaló que "se puede decir que es de las leyes más debatidas de nuestra joven historia", afirmó que "hoy es un día histórico para las mujeres en nuestro país". Aclaró que la "capacidad de decidir" de las menores radicará siempre en ellas aunque la ley "no prohíbe la información a los padres".

El PP votó en contra del proyecto y la diputada popular Sandra Moneo censuró el "atropello de la patria potestad" que supone esta ley, al "desproteger" a las menores del "consejo y el apoyo" de sus progenitores. Además, el PP justificó su rechazo en que se trata de "una ley radical" que convertirá al aborto en "un método anticonceptivo más" y que va a "banalizar" su práctica.

El texto que se debatirá en el Congreso incorpora enmiendas para que los anticonceptivos de última generación sean cofinanciados e incluidos en el Sistema Nacional de Salud. Añade que la formación sexual formará parte de la educación general de los escolares y el aborto de la educación universitaria de los profesionales sanitarios.

Además, las mujeres sólo necesitarán el informe de un especialista en lugar de dos, como recogía el proyecto inicial, para poder abortar hasta la semana 22 de gestación y desaparecerá "la amenaza del castigo de cárcel" para las mujeres que abortan del CódigoPenal cuando se apruebe esta iniciativa.