El Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid ha imputado al presidente de Sacyr Vallehermoso, Luis del Rivero, por la presunta comisión de los delitos de administración desleal y maquinación para alterar el precio de los títulos de Europistas durante su fusión con la concesionaria del grupo, Itínere.

En un auto notificado este lunes a las partes, la juez Aranzazu María González ha admitido a trámite la querella planteada por el abogado Felipe Izquierdo en representación de 13 afectados titulares de 700.000 acciones de la concesionaria Europistas y ha citado a declarar a Del Rivero el próximo 8 de febrero en calidad de imputado. Los siguientes serán los representantes de las tres cajas vascas -la BBK, la Kutxa y Caja Vital- que eran accionistas de Europistas y dieron su apoyo a Del Rivero.

La querella afirma que durante la fusión de Europistas e Itínere en 2007 Luis del Rivero hinchó "artificial e interesadamente" la participación de la constructora en la compañía resultante, con perjuicio para los pequeños accionistas.

En concreto, afirma que Sacyr obtuvo un 18,87% más de acciones de la compañía fusionada a cambio de la aportación de tres hospitales y un intercambiador por 800 millones de euros; una cantidad que a su juicio fue sobrevalorada.

Así, los querellantes afirman que ese importe "no responde en absoluto al valor de mercado de dichas sociedades y participaciones", que aseguran que acaban de ser recompradas por Sacyr por un precio ocho veces inferior en la operación de venta de Itínere a un fondo de infraestructuras de Citigroup.

"Burló" su compromiso de aportar liquidez

Además, se quejan de que la constructora "burló" por dos veces su compromiso de aportar liquidez a Itínere o excluirla de bolsa, lo que en su opinión contribuyó a generar "confusión y desconfianza en el mercado hundiendo el precio de cotización del valor".

En la querella también se citan dos operaciones que han contribuido a mermar supuestamente el valor de Itínere, como la "ocultación de la naturaleza real de la participación" que tenía la Itínere anterior a la fusión en el aeropuerto de Murcia y la distribución del coste de una fallida Operación Pública de Venta (OPV) y Operación Pública de Suscripción (OPS).

"Esta parte considera que se ha producido un presunto delito de administración desleal en cuanto al acuerdo suscrito entre Sacyr y la Nueva Itínere para desarrollar conjuntamente la OPS/OPV de acciones de ambas promovida en abril de 2008", afirma el escrito, que fue presentado inicialmente en la Audiencia Nacional, que se declaró no competente para resolver el asunto.

En su opinión, "se trataba de una maniobra con el fin de que sea la Nueva Itínere la que se "cargue" con todos los gastos de la operación, por asesoramiento, publicidad y que Sacyr se quede sencillamente con los beneficios".