Roberto Micheletti
El presidente de facto de Honduras, Roberto Micheletti. Henry Romero / REUTERS

El presidente de facto de Honduras, Roberto Micheletti, ha derogado este lunes el decreto que restringe derechos y libertades de las personas, vigente desde el pasado 27 de septiembre. Asimismo, ha afirmado que los responsables de haber sacado del país al depuesto gobernante, Manuel Zelaya, a quienes no identificó, serán llevados ante la justicia y "castigados".
La derogación del decreto también es una petición de Zelaya para iniciar un diálogo

"Igual que como tomamos la determinación para establecerlo, igual haremos para derogarlo", había afirmado horas antes Micheletti en la televisión local.

La derogación del decreto también era una petición del presidente depuesto de Honduras, Manuel Zelaya, para iniciar un diálogo esta semana que podría resolver la crisis política que afecta al país.

Búsqueda de una solución

Zelaya fue derrocado por los militares y expulsado del país el pasado 28 de junio y fue sustituido por Micheletti, quien ahora ha admitido que la forma en que los militares sacaron de Honduras a Zelaya "fue un error", en declaraciones a la revista brasileña Veja.

Los militares deberían haberlo llevado a los tribunales

"Sí, fue un error. Los militares deberían haberlo llevado a los tribunales, pero decidieron sacarlo del país para evitar un derramamiento de sangre. Por eso decidieron llevarlo a Costa Rica. (En Honduras) No habría una prisión segura para él", afirmó Micheletti.

"Definitivamente es una decisión que tomaron algunos sectores (a los que no mencionó) y van a ser castigados de conformidad con la ley", indicó Micheletti en rueda de prensa junto a la legisladora republicana estadounidense Ileana Ros-Lehtinen, que llegó este lunes a Honduras para apoyar al Gobierno de facto. "Estoy totalmente seguro que serán llevados a los tribunales, como corresponde a cualquier error que se haya cometido" al haber expulsado a Zelaya del país, añadió Micheletti.

Por su parte, el presidente depuesto declaró este lunes, cuando se cumplen cien días de su derrocamiento, que la Embajada de Brasil, donde permanece desde el 21 de septiembre, ofrece seguridad para la firma de un acuerdo que ponga fin a la crisis.

Para el próximo miércoles está prevista la llegada a Tegucigalpa de una misión de cancilleres de diez países de la Organización de Estados Americanos, en un nuevo intento por lograr una solución política negociada a la crisis.