El presidente francés, Emmanuel Macron, no prolongará el estado de emergencia declarado hace doce días en Nueva Caledonia para afrontar los disturbios provocados por grupos independentistas del archipiélago, ha anunciado este domingo el Elíseo.
En un comunicado ha indicado que el levantamiento del estado de emergencia, que permitía a las autoridades adoptar medidas excepcionales, como arrestos domiciliarios o la prohibición de ciertas manifestaciones, será efectivo a partir de las 20 horas de este lunes.
En paralelo ha anunciado el envío de 480 gendarmes suplementarios, un refuerzo adicional al ya enviado en los primeros momentos de la crisis.
Las fuerzas del orden no han logrado recuperar el control de la situación y aunque la tensión ha bajado y los disturbios son menos el aeropuerto permanecerá cerrado al menos hasta el día 2.
Inicio de las protestas
Las manifestaciones comenzaron la semana pasada, coincidiendo con el voto en la Asamblea Nacional francesa de una reforma constitucional para modificar el censo del archipiélago y permitir votar a personas asentadas en el territorio, lo que diluye la proporción de los autóctonos, la mayoría de ellos independentistas, que no aceptan ese cambio.
Macron, que a principios de semana hizo un viaje relámpago a Nueva Caledonia para relanzar el diálogo, puso como condición esencial que acaben los bloqueos de rutas en el archipiélago, así como el fin de los actos violentos que han provocado varias muertes en los últimos días.
"Esa violencia no puede pretender inscribirse en una acción política legítima", ha señalado el Elíseo y ha añadido que el presidente "reiteró su confianza en los representantes electos para restablecer el diálogo".
Macron apeló "al un proceso de desescalada que propuso en su viaje a Nueva Caledonia.
"El presidente confía en los caledonios y en sus representantes para reencontrar el camino del diálogo. La misión de mediación y facilitación está presente en Noumea", capital del territorio autónomo francés en el Pacífico sur, ha añadido el Elíseo.
Macron se comprometió a congelar la promulgación de la reforma constitucional a cambio de acabar con la violencia y abrir un proceso de diálogo.
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