Los vecinos del barrio de Lucero, y más en concreto los de los números 14 y 16 de la calle Cullera, consideran "insostenible" la situación que viven a diario debido a los narcopisos okupados que pertenecen a la Agencia de la Vivienda Social. "Hay un flujo continuo de drogodependientes que van a los pisos a comprar y luego se chutan en la misma escalera o en los portales cercanos. Además, defecan, se mean y hacen de todo. Es muy fácil encontrarse una jeringuilla en nuestras calles", señala el presidente de la Asociación Vecinal de Lucero, Javier Poveda.
La asociación se ha dirigido a las tres administraciones para reclamar presencia policial las 24 horas en la zona, la recuperación de los narcopisos y la instalación inmediata de cámaras de vigilancia "y no a finales de 2025, como prevé el Ayuntamiento", según ha informado la Federación Regional de Vecinos de Madrid (FRAVM) en un comunicado.
Al respecto, la vicealcaldesa de Madrid y portavoz del Gobierno municipal, Inma Sanz, afirmó este jueves que los procesos administrativos "lamentablemente tienen los tiempos que tienen" y hay que "cumplir con la normativa". "Hay que hacer un estudio previo respecto a la zona donde se va a instalar, si es viable desde el punto de vista técnico, luego se hace el proyecto y luego la licitación y la instalación de las cámaras que dura varios meses, por lo tanto, no es posible acortar los plazos, pero en todo caso estaremos dispuestos a hablar con ellos para ver todas sus demandas", indicó en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.
Según denuncian los vecinos, los traficantes usan tanto pisos propios como ocupados, propiedad de la Agencia de la Vivienda Social, para el almacenamiento y trapicheo de droga, lo que genera "un tránsito constante de toxicómanos no solo en esa calle sino en todo barrio". "La intimidación a los vecinos y vecinas de la zona no ha dejado de producirse, llegándose a situaciones estremecedoras que impiden la normal convivencia", describe la asociación vecinal. "En cuanto tienen la dosis sienten la necesidad de ponérsela y te puedes encontrar a una persona tirada en el portal", explica Poveda.
Aunque son más los narcopisos en el barrio, los del número 14 y 16 de la calle Cullera son los que tienen un mayor tránsito de personas, algo que los vecinos ven con especial preocupación "por su cercanía al Colegio Irlandesas de Madrid, que está a 50 metros, y a la parroquia de la Crucifixion Del Señor, a unos 100 metros", denuncia el presidente de la asociación.
La forma más habitual para llegar a estos puntos de venta de droga es en Metro, donde la parada más cercana es la de Laguna. "Allí se bajan todos los que van a comprar y la imagen es lamentable. Te encuentras los pasillos en mal estado, con suciedad y ves gente que es evidente a lo que vienen", detalla Poveda.
Las reclamaciones de seguridad a las instituciones
Aunque los vecinos reconocen que hay presencia policial, también consideran que "cada vez tiene menor efecto en la vida real de la ciudadanía". "Los causantes de esta situación saben que esa presencia es puntual y que en breve pueden seguir con sus actividades delictivas", subraya la asociación vecinal, que ha mantenido diversos contactos con la Delegación del Gobierno, la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid.
A la Delegación del Gobierno en Madrid le reclaman que establezca una presencia policial las 24 horas del día en los portales señalados y que incremente la vigilancia policial en toda la zona para que no se traslade el problema a puntos cercanos. También que inste a la aceleración de los procesos judiciales en marcha desde hace más de tres años y que, una vez lo haya solicitado el Ayuntamiento, acelere los permisos para la instalación de cámaras de vigilancia.
A la Comunidad de Madrid le pide que denuncie las viviendas okupadas ilegalmente, ya que son propiedad de la Agencia de la Vivienda Social de Madrid. Al mismo tiempo, le pide que inste a la dirección de Metro de Madrid a que se incrementen las medidas de control de la seguridad en la estación de Laguna. Demandan también la implementación de medidas de todo tipo de atención a los drogodependientes.
Por su parte, al Ayuntamiento de Madrid le pide la instalación urgente de cámaras de vigilancia en la zona y que "no haya que esperar a finales de 2025 argumentando motivos tecnológicos o por falta de presupuesto". Además, requieren que se implique a la Policía Municipal en las labores de vigilancia en la zona. A las tres administraciones les demandan un plan integral de intervención para resolver definitivamente la situación, así como "medidas económicas y sociales de ayuda a las comunidades de vecinos afectadas para la rehabilitación de los portales y escaleras".
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