Fue en las postrimerías del felipismo cuando un eximio periodista acuñó la expresión "sindicato del crimen", en referencia a un grupo de periodistas que publicaban casos de corrupción que afectaban al Partido Socialista. No existían entonces expresiones como fake news o pseudomedios, pero más o menos se utilizaban vocablos similares para denigrar el trabajo de ciertas cabeceras.

Todo esto viene a cuento porque la semana pasada PSPV y Compromís solicitaron a la alcaldesa de Valencia información sobre las ayudas y publicidad a medios digitales desde que el PP tomó las riendas del Ayuntamiento. Nada que objetar hasta aquí, la oposición está para eso, para fiscalizar el gasto que el Ejecutivo hace del dinero de los contribuyentes. Lo censurable es que solo se pidan datos sobre algunas cabeceras digitales, que quedan marcadas como mala prensa.

Escuchar a determinados políticos pontificar sobre ética periodística y códigos deontológicos es preocupante. Desde luego, la prensa en ocasiones no ha contribuido a calmar las aguas, pero hacerla responsable del clima político que vive este país es llegar muy lejos.

En los albores del parlamentarismo español, en el Cádiz de la Guerra de la Independencia, se dijo que la calificación de los escritos no era objeto del interés del Gobierno porque, como recordó el diputado José Miguel Guridi y Alcocer, "uno de los fines de la libertad de la imprenta es la enmienda de los defectos de los gobernantes, cuyo resentimiento en los impresos dirigidos a este objeto es casi preciso los incline a calificarlos arbitrariamente".

PSPV y Compromís pueden estar preocupados por el tono de ciertas cabeceras, ocurrió igual en el Cádiz de las Cortes, cuando el diputado Álvaro Flórez de Estrada afirmó: «Los únicos reparos que contemplo se pueden hacer contra la libertad de la imprenta son la propagación de malas doctrinas y el temor de las calumnias». Pero para combatirlas están los tribunales, no las listas negras.