Los influencers salen del limbo. Por primera vez, España cuenta con una ley que regula la actividad de los "usuarios de especial relevancia" y que fija los requisitos que tendrán que seguir los creadores de contenido para cumplir con la Ley General de Comunicación Audiovisual, aprobada en 2022. Esto supone equiparar las reglas del juego de este tipo de usuarios a las que ya deben cumplir otros medios de comunicación como las televisiones. Pero, ¿qué cambia y quienes deberán de cumplir con la ley?

Según el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, encabezado por José Luis Escrivá, esta regulación da mayor protección a los consumidores y más seguridad jurídica a los influencers, que han alcanzado una notable importancia y un volumen económico significativo. Por eso, los tres pilares de la nueva regulación son: ingresos, tipo de actividad en la red y número de seguidores. En base a estos tres ejes se define el concepto de influencer. 

Criterio económico: más de 300.000 euros

El primer requisito para entrar en la categoría de influencer según esta nueva regulación son los ingresos. Así, solamente aquellos que tengan unos ingresos anuales superiores a 300.000 euros al año gracias a su actividad audiovisual tendrán que cumplir con las obligaciones de la ley.

Criterio de audiencia y actividad: un millón de seguidores

El segundo criterio responde a la audiencia, y exige que aquellos usuarios que superen el millón de seguidores en una única plataforma de intercambio de vídeos, o dos millones de seguidores en el global de su actividad, que cumplan con la nueva regulación.

El tercer y último requisito para ser considerado un influencer en esta ley es haber publicado o compartido 24 o más vídeos al año.

¿Qué obligaciones tienen?

De esta manera, todos los influencers que cumplan los tres criterios deberán inscribirse, en el plazo de dos meses, en el Registro Estatal de Prestadores Audiovisuales como usuarios de especial relevancia. Desde ese momento, estarán obligados a cumplir con la normativa en materia de protección de menores y de publicidad en el ámbito audiovisual, identificando, por ejemplo, cuando una publicación ha sido pagada por una marca; no hacer publicidad de tabaco, medicamentos o alcohol, y otras obligaciones equiparadas con las del resto de agentes audiovisuales.