El primer desmontaje del andamiaje legislativo del anterior Consell del Botànic ha echado a andar con el debate de la toma en consideración de cinco modificaciones legislativas en Les Corts: la de libertad educativa, concordia, À Punt, transparencia y Agencia Antifraude. Las cuatro primeras han sido impulsadas conjuntamente por los grupos parlamentarios que conforman el Consell, PP y Vox, mientras la última fue presentada en solitario por los populares. La sesión en Les Corts ha evidenciado el cambio político registrado en la Comunitat Valenciana con las elecciones del 28 de mayo del pasado año. Mientras los socios del Consell lo han descrito como un día "feliz" por cumplir con sus programas y acabar con "sesgos partidistas", la oposición ha elevado el tono al hablar de día "negro" y "de la infamia", y ha advertido que llegará "donde sea" ante esta "involución democrática". La mayoría formada por PP y Vox validará este jueves con sus votos la tramitación de este primer paquete legislativo.

Uno de los intercambios dialécticos más encendidos se produjo durante el debate de la nueva ley de libertad educativa que recupera el sistema de líneas en castellano y valenciano frente al sistema de porcentajes del 25% como mínimo en cada idioma cooficial que impulsó el Botànic en su Ley de Plurilingüismo. De hecho, la futura norma, de 30 artículos, derogará la ley impulsada por la izquierda, lo que despertó duras críticas por parte del PSPV y Compromís, que aseguran que se quiere eliminar la lengua propia de las aulas valencianas. El PP sostiene que va a acabar con la "imposición" del valenciano y que su objetivo es "promoverlo", ya que serán los padres los que elijan la lengua base de la enseñanza de sus hijos y se darán certificaciones automáticas del valenciano al cursar la materia.

En la defensa de la propuesta, el diputado del PP Juanfran Pérez Llorca manifestó que el objetivo es que se tenga en cuenta las singularidades de la Comunitat Valenciana, en alusión a las comarcas de predominio lingüistico castellano, y que ningún territorio se sienta «discriminado, como hasta ahora», tras ocho años de «imposición» de la lengua propia en la educación.

El también secretario general del PP acusó a la izquierda de «generar rechazo a una lengua muy bonita, que se tiene que cuidar», lo que no se puede hacer con «imposición», y replicó a las acusaciones de la oposición de que esta ley es una «infamia» por «negar que los padres puedan votar la elección de la lengua» en que estudian sus hijos.

La diputada de Vox Julia Llopis afirmó que esta ley «antepone el interés del alumno y la libertad de las familias por encima de cualquier interés político» y frente a la «descomunal imposición lingüística»; respeta «por igual» el valenciano y el castellano; y evitará las «barreras lingüísticas» para el alumnado que llega de otros países.

Frente a esta argumentación, el socialista José Luis Lorenz reprochó que PP y Vox busquen «instaurar el pensamiento único» y quiten oportunidades a los niños y niñas «eliminando el valenciano de las aulas», pues con esta ley, en su opinión, el alumnado no tendrá los mismos derechos, porque no conseguirá tener las mismas oportunidades.

Según recordó, el proyecto lingüístico de cada centro lo determina el consejo escolar, en el que están representadas las familias; criticó que se quiera volver al modelo de antes de 2015, basado «en la segregación»; y aseguró que el objetivo es hacer desaparecer de las aulas el valenciano, «la principal seña de identidad de los valencianos».

El diputado de Compromís Gerad Fullana dijo que medio millón de alumnos dejarán de estudiar valenciano gracias a esta ley «de confrontación, de la vergüenza y racista», contra la que lucharán en los tribunales, y acusó a PP y Vox de impulsar con ella la «segregación» del valenciano, porque no les gusta lo que «huele» a esta lengua.

Tras el debate, el conseller de Educación, José Antonio Rovira, señaló en los pasillos de Les Corts que van a cambiar el modelo de «inmersión lingüística», que ha provocado que cada vez se use menos en la calle el valenciano, por uno «equilibrado», en el que no será la Conselleria quien «decida» la lengua base de la enseñanza, sino los padres.

Las otras cuatro normas de PP y Vox

De la memoria a la concordia con una ley que se remontará a la Segunda República. 

Formada por cinco artículos, deroga la ley de Memoria Democrática del Botànic (de 65 artículos) y disuelve los organismos derivados de ella.

Amplía su objeto a la Segunda República y al terrorismo etarra e islámico. La vigente se refiere a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo.

Crea la Unidad de Concordia, establece que la Administración autonómica elaborará un catálogo de vestigios y habla de ‘lugares de concordia’.

Es la que más polémica ha generado. El PP dice que busca "reconocer a todas las víctimas" y para la oposición supone "blanquear el régimen genocida" del franquismo al igualarlo con uno democrático.

À Punt: un nuevo modelo de televisión hacia la eficiencia o "control político"

El nuevo texto, de 34 artículos, deroga la ley que puso en marcha la radiotelevisión pública en 2016. Crea una nueva Corporación que fusiona los dos entes actuales con un consejo de ocho miembros elegido por 3/5 de Les Corts en primera votación y por mayoría absoluta en segunda, frente a la actual mayoría cualificada.

El consejo elaborará una nueva relación de puestos de trabajo. Mientras tanto, se suspenden los procesos de selección de personal en marcha.

PP y Vox ven un "fracaso" la gestión, audiencia y financiación de À Punt y defienden cambios. La oposición denuncia el "asalto" y el "control político" de la televisión pública.

Cambios en los criterios de transparencia y para los altos cargos

Formada por 16 artículos, introduce cambios en dos leyes (no las deroga): la de Transparencia y buen gobierno de 2022, e Incompatibilidades de cargos públicos, de 2016.

Modifica la publicidad de las declaraciones de renta y de actividades (se publicará "un extracto") y reduce la publicación de las agendas completas de cargos públicos. Estos podrán pertenecer a consejos de "una entidad no pública". El plan de gobierno del presidente será anual y no semestral.

Según sus impulsores busca una transparencia "real y efectiva" y según la oposición elimina controles y permitirá "hacer negocio" durante el ejercicio del cargo en el Consell. 

Sin mayoría reforzada para elegir al director de la Agencia Antifraude

Formada por 6 artículos y presentada solo por el PP (Vox ha defendido que desaparezca este organismo, pero ha anunciado su apoyo a la propuesta del PP), cambia en la ley de 2016 la mayoría para la elección del director de la Agencia Antifraude (de tres quintos de las Cortes, a mayoría absoluta en la segunda vuelta).

La Mesa de Les Corts decidirá el sueldo del director. Si es funcionario de carrera, no podrá cobrar menos, y podrá tener dos asesores eventuales.

El PP la justifica para reforzar el funcionamiento de la AVAF. La oposición cree que se favorece "el asalto" a un organismo actualmente inmerso en la renovación de su primer director.

Protestas en las EOI

Docentes, alumnado y representantes sindicales han participado este miércoles en diversas concentraciones convocadas para expresar el rechazo a los "recortes" y la "degradación" de la oferta de las escuelas oficiales de idiomas (EOI) de la Comunitat, al tiempo que avanzaron que llevarán a cabo nuevas movilizaciones si la Conselleria de Educación "no entra en razón". 

El conseller Rovira negó que su departamento haya aplicado "recortes" en las EOI y recalcó que lo que se ha hecho es "reordenar" y "reducir" algunos grupos que "no eran necesarios". "En este curso se ofertaron 94.000 plazas, de las que se cubrió solo el 61% de la oferta que existía. Y además de ese alumnado, a lo largo del curso un 32% abandonaba", añadió.