La Cañada Real, en vías de desaparición tras la firma del protocolo de realojo a diez años

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, el consejero de Vivienda, Jorge Rodrigo, el secretario de Estado, David Lucas Parrón, el delegado de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, y la alcaldesa de Rivas-Vaciamadrid, Aída Castillejo
El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, el consejero de Vivienda, Transporte e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas Parrón, el delegado de Políticas de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, y la alcaldesa de Rivas-Vaciamadrid, Aída Castillejo, durante la firma del acuerdo para la Cañada real.
COMUNIDAD DE MADRID
El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, el consejero de Vivienda, Jorge Rodrigo, el secretario de Estado, David Lucas Parrón, el delegado de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, y la alcaldesa de Rivas-Vaciamadrid, Aída Castillejo

Después de décadas con el problema de la Cañada Real enquistado, las administraciones implicadas han dado por fin un paso clave para la desaparición de este asentamiento chabolista y el realojo de 1.600 familias que residen allí en precarias condiciones. Este lunes, el Ayuntamiento de Madrid, el de Rivas-Vaciamadrid, la Comunidad de Madrid y el Gobierno central han firmado el protocolo para trabajar de manera conjunta en medidas para mejorar la situación de las personas que habitan esta zona. Tras este acuerdo, todavía deberá definirse y aprobarse el convenio que defina las diferentes actuaciones que se realizarán en los próximos diez años. 

Las cuatro administraciones involucradas han suscrito un acuerdo donde se comprometen a destinar 330 millones de euros entre 2024 y 2034 para remediar la situación en la Cañada Real que lleva años bloqueada. La inversión irá orientada a ofrecer alternativas habitacionales, junto a programas sociales de empleo y educación para contribuir a la inserción social de estas personas. En concreto, el Ejecutivo de nacional aportará 110 millones de euros, la Comunidad de Madrid otros 110 millones de euros y el Ayuntamiento de Madrid y de Rivas-Vaciamadrid costearán, conjuntamente, el resto.

Las cuatro administraciones han dejado de lado sus discrepancias políticas para trabajar por esta misma causa y cooperar. El acuerdo alcanzado, aunque no es vinculante, contempla garantizar el acceso a una vivienda digna a los cientos de familias que habitan la zona. Según recoge el documento, se habilitarán viviendas municipales de alquiler social para 1.600 familias. Además, se derribarán las infraviviendas y construcciones ilegales de la zona. En los terrenos también se llevarán a cabo actuaciones para rehabilitar, y reurbanizar la zon. El convenio de colaboración, para el que todavía no hay fecha, dará cobertura jurídica a todo el plan de actuación.

"Vamos a trabajar todos juntos para erradicar el chabolismo y ofrecer una casa digna y un futuro prometedor a todas las personas que habitan la Cañada, que actualmente conviven en condiciones de precariedad y pobreza", ha expresado el consejero de Vivienda, Transporte e Infraestructuras dela Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo. Por su parte, el delegado de Políticas de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, Álvaro González, ha destacado que la firma de este protocolo es "un compromiso profundo y solidario con las familias que viven aquí, y que también merecen una igualdad de oportunidades". González ha querido recalcar que estas personas "no están solas" y que están trabajando para "construir una ciudad mejor".

Los planes para realojar a las personas que habitan en esta zona no son algo nuevo. En 2017 el Gobierno regional firmó el Pacto Regional por la Cañada real Galiana, que ha permitido reubicar a 239 familias desde entonces gracias a los diversos convenios con los municipios de Madrid y Rivas y una inversión de 53 millones de euros. 

La alcaldesa de Rivas-Vaciamadrid, Aída Castillejo, ha calificado este paso como "el mayor pacto político". Sin embargo, ha resaltado que hasta que el convenido sea una realidad es necesario acordar unos plazos para ejecutar los realojos: "Tenemos que garantizar los derechos de las familias de la Cañada hasta que puedan acceder a una vivienda. Debemos asegurar el agua, la luz, el empleo, la educación...". 

En el problema de la Cañada, el Gobierno central ha participado por primera vez de manera activa. El documento ha sido firmado por el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, y el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas Parrón. Martín ha considerado el acto como "un paso importante" y un "acuerdo histórico". A través de la red social X ha recalcado que el trabajo ha sido "fruto del trabajo y el consenso entre administraciones", para lograr "más justicia social en Madrid". 

Por su parte, Parrón ha subrayado que el principal objetivo es que "todos tengan derechos a una vivienda digna y asequible". El secretario de Estado ha manifestado que desde la administración central llevan tiempo observando la situación que hay en Madrid y en otras regiones con el chabolismo. Por ello, desde 2023 comenzaron a enviar recursos económicos para solventar la situación. "El trabajo va a ser complicado, pero estoy convencido de que con la colaboración de todos seremos capaces de tener éxito", ha añadido.

Redactor '20minutos'

Grado en Periodismo por la Universidad Complutense y Máster en Comunicación Política y Empresarial en la Universidad Camilo José Cela. Escribo sobre información local y los asuntos que ocurren en la Comunidad de Madrid, buscando la información de utilidad que afecta directamente a los madrileños en temas como la Sanidad, la Educación, los Asuntos Sociales o sobre los cambios que trae todo el proceso de digitalización.

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