Gastos por el alquiler de una vivienda en Teruel de su hermano Jorge, facturas de vídeos realizados en castellano para optar a las ayudas al fomento del valenciano e incluso un reportaje sobre la boda de su socio. Son algunos de los trabajos que los investigadores de la Guardia Civil han comprobado, en un análisis de videos y facturas aportados por los proveedores del entramado empresarial vinculado a Francis Puig, hermano del expresidente de la Generalitat Ximo Puig. 

Toda esta información se incluye en un informe de 446 páginas aportado al Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia por el equipo de Delitos Económicos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial tras ser encargado por el propio juez en julio de 2022. Su entrega ha reactivado la causa judicial que investiga posibles irregularidades en la concesión de ayudas públicas, entre ellas de la Generalitat que presidía el propio Puig, así como de Cataluña y Aragón.

En el examen realizado por los agentes se han encontrado varias supuestas irregularidades basadas en la presentación de facturas que no tendrían relación alguna o no se corresponderían con la actividad subvencionada por el anterior Consell del Botànic.

El referido informe concluye que entre las facturas aportadas por empresas controladas por Francis Puig para justificar las subvenciones recibidas por la Generalitat Valenciana se incluyeron las relativas al pago del alquiler del chalé de Jorge Puig -uno de los hermanos del expresidente Ximo Puig- en la localidad de Penyarroya de Tastavins (Teruel).

Otras de las empresas que facturaron a las firmas investigadas entregaron a los agentes (que reclamaron la justificación de los trabajos realizados) multitud de vídeos en los que no se habla valenciano o sin los logotipos de las empresas y que podrían haber incumplido el objeto de las subvenciones recibidas.

Entre la documentación entregada para justificar contenido radiofónico, los agentes hallaron vídeos o documentos para prensa escrita con inserciones publicitarias que, a su juicio, demuestran que los referidos contenidos no se realizaron en exclusiva para Comunicacions dels Ports, sino que fueron diseñados para su venta al público en general, con lo que tampoco responderían al objeto de las subvenciones.

También figura un reportaje sobre la boda de Enrique Adell Bover, socio de Francis Puig en algunas sociedades investigadas, e Inés Aular con más de 20 archivos de vídeo con audio en castellano y únicamente siete en valenciano. Y en el examen de facturas de Nova CB señalan que aporta la cuenta justificativa de gastos para la subvención del fomento del valenciano en modalidad radio en la que no se "entiende" el suministro de imágenes, algunas de ellas sin audio, para este tipo de justificación.

Hasta 2 millones de euros

La investigación judicial nació de una querella presentada por el PP y constan como investigados Francis Puig y el empresario Enrique Adell y las empresas Comunicacions dels Ports, Mas Mut, Canal Maestrat y Kriol. En concreto se investigan subvenciones para el fomento del valenciano, del empleo joven, para la edición de medios informativos digitales en catalán o en aranés y ayudas Leader para el desarrollo local.

Los populares estiman en 1,2 millones de euros la cantidad total salida de las arcas públicas valencianas en concepto de ayudas, sobre todo para el fomento del valenciano, a las empresas investigadas "justificadas ilegalmente", que ascienden hasta los 2 millones si se suman las de Aragón y Cataluña.